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Tres años de sequía, un baile de restricciones y una batalla de reproches por la gestión del agua

Catalunya deja atrás una legislatura con la mirada puesta en el estado de los embalses, bajo mínimos por la falta persistente de lluvias; con más de seis millones de catalanes afectados por las restricciones de consumo de agua. 

Foto de archivo del pantano de Sau, el 22 de enero de 2024, en Barcelona.
Foto de archivo del pantano de Sau, el 22 de enero de 2024, en Barcelona. Lorena Sopêna / EUROPA PRESS

La legislatura que dejamos atrás ha estado marcada por dos emergencias: la emergencia por la pandemia de la covid-19 y la emergencia por la sequía. La primera, por suerte, ya está lejos; la segunda acaba de empezar, y parece que traerá cola. Catalunya vive ni más ni menos que la peor sequía del último siglo. Pese a las lluvias de los últimos meses, los principales embalses están bajo mínimos y las restricciones de agua ya son una realidad en buena parte del país.

Después de tres años de sequía, las restricciones al sector primario han puesto a los agricultores en pie de guerra mientras el sector industrial avisa que reducir el volumen de agua puede tener efectos muy negativos para la producción. Por su parte, el sector turístico busca soluciones debajo de las piedras para poder llenar las piscinas y no tener que poner límites al consumo de agua a los turistas.

Y, mientras tanto, más de seis millones de catalanes que viven en zonas que se abastecen de los embalses del Ter-Llobregat y Darnius-Boadella -entre ellos toda la región metropolitana de Barcelona y parte de Girona- están en fase de emergencia por sequía con el consumo de agua limitado y la prohibición de llenar piscinas, ornamentales, o limpieza de calles y mobiliario urbano, entre otros. Incluso hay pueblos que se han visto obligados a cortar el agua durante unas horas al día, como la Espluga de Francolí (Conca de Barberà).

El president de la Generalitat y candidato de ERC, Pere Aragonès, situó hace unos meses la sequía como el mayor problema de Catalunya. También lo dice la ciudadanía. El pasado 21 de marzo, el Centro de Estudios de Opinión (CEO) publicaba su último barómetro preelectoral, donde destacaba que la crisis climática y la sequía (con un 15%) son el primer problema de la comunidad. Es la principal preocupación entre los votantes de los comuns y de la CUP, pero también del PSC, Junts y ERC. Incluso es la segunda entre el electorado del PP.

¿También es una prioridad para los partidos?

Pese a esta preocupación transversal mayoritaria de la ciudadanía, a lo largo de la legislatura no ha habido un claro consenso entre los partidos para tomar medidas conjuntas para hacer frente a la sequía. La principal muestra de ello es la cumbre del agua celebrada en marzo del año pasado, que terminó sin acuerdo. Las discrepancias sobre el régimen sancionador en los ayuntamientos entre el PSC y el Govern de ERC impidieron llegar a un consenso. Cabe recordar que la cumbre tuvo lugar a las puertas de la campaña electoral de las municipales.

El agua sí ha caído del cielo -en referencia a la campaña del Govern contra el maltratamiento de agua-, pero poco. En este sentido, durante la legislatura, el Govern ha hecho una apuesta clara (y a largo plazo) por el agua regenerada a través de plantas potabilizadoras y desalinizadoras. Destaca el acuerdo con el Estado para poner en marcha las desalinizadoras de la Tordera y del Foix, que estarán listas en 2029.

Para paliar los efectos de la sequía, pero en este caso a corto plazo, el Govern valoró la posibilidad de trasladar en barco a Catalunya agua desalinizada de Sagunto, en el País Valencià. Una opción que ha quedado descartada por la instalación de una gran desalinizadora flotante en el puerto de Barcelona. Además, también se pondrán una docena de desaladoras que se ubicarán en el norte de la Costa Brava y que abastecerán a varios municipios del Alt Empordà.

La cumbre desató una batalla política sobre qué hacer, qué se ha hecho y qué no se ha hecho a tiempo sobre la gestión del agua en Catalunya. Ahora, todos han incluido en sus programas electorales propuestas para mejorar la gestión de dicho recurso. Aunque la sequía es el gran ausente de la campaña, saben que es una de las principales preocupaciones de los catalanes.

Las propuestas son variadas y suelen caer en la contradicción. Es complicado situar como prioridad la sequía al tiempo que se defiende un modelo de país basado en el turismo masivo, representado por proyectos como los Juegos Olímpicos de Invierno en el Pirineo o el macrocomplejo turístico del Hard Rock, que gastará más de un millón de metros cúbicos de agua al año.

ERC saca pecho del trabajo realizado y apuesta por continuar con las inversiones en obras hidráulicas estructurales, como plantas potabilizadoras o desalinizadoras, "que nos permitan generar más recursos con el objetivo de llegar a 130hm³/año de agua regenerada". Entre otros, también propone modificar la tasa del canon del agua "para hacerla más justa desde el punto de vista social y ambiental" y poner en marcha la Agencia de la Naturaleza de Catalunya.

Comuns Sumar insiste en la necesidad de realizar una "transición hídrica" y "transformar el modelo de gestión del agua". En su programa, los comuns sugieren crear un fondo hídrico pagado en parte por las concesionarias y una política de datos abiertos que ayude a la investigación e innovación en el ámbito de la sequía. Remarcan que la sequía ya no es una situación excepcional, sino que "es una consecuencia inevitable del agravamiento de las afectaciones del cambio climático".

Una reflexión compartida por la CUP, que pone el foco en la necesidad de priorizar al sector primario. En este sentido, promete revisar y modificar el Plan Especial de Sequía, "en especial las restricciones de cada uno de los escenarios para garantizar que las restricciones sean justas y proporcionadas hacia ciudadanía y sectores económicos, así como la necesidad de ayudar al sector primario por su papel económico, ambiental y de soberanía alimentaria".

Junts pone énfasis en las afectaciones de la sequía en el mundo rural. En este sentido, propone realizar un plan integral de modernización de los regadíos o flexibilizar las condiciones de las aseguradoras para que los agricultores puedan cubrir los daños de la sequía. También sugiere la necesidad de crear un certificado de eficiencia hídrica para jardines y espacios verdes.

El PSC propone utilizar los fondos Next Generation para mejorar los sistemas de riego o actualizar los radares meteorológicos de Catalunya. También promete que el primer decreto que harán como Govern será para hacer frente a la sequía, con una partida de 3.500 millones para "las inversiones necesarias como infraestructuras del ciclo del agua para no depender del agua de lluvia".

Se reactiva el movimiento anti trasvase de agua del Ebro a Barcelona

Con buena parte de Catalunya en emergencia por sequía, algunas voces han puesto de nuevo sobre la mesa el trasvase de agua del Ebro a Barcelona. Ante este nuevo intento, el sur de la comunidad ha reactivado la lucha anti trasvase. Y los partidos han recordado su posición al respecto. Tanto el PSC como ERC, Junts, la CUP y los comuns están en contra de la interconexión de redes y defienden la autosuficiencia de las cuencas. PP y Vox son favorables.

La falta persistente de lluvias ha situado en el centro del debate la necesidad de repensar cómo se gestiona el agua de una Catalunya cada vez más seca y más dependiente de plantas desalinizadoras. Un reto sin solución a corto plazo que lleva a los partidos a plantear propuestas contradictorias por no poner en el centro el verdadero problema: la emergencia climática.

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