Esta semana se ha cumplido un año de la expiración del plazo que concedió el Congreso de los Diputados al Gobierno para regular el cannabis medicinal sin que aún haya habido avances. Sin que aún haya salido de la chimenea del Ejecutivo la fumata blanca para un uso ya legalizado en casi toda la UE y en muchos otros países del mundo.

El Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García, de Sumar, ha manifestado a Público que el borrador de la hoja de ruta sobre el encaje legal del uso de cannabis para fines medicinales elaborado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) está siendo revisado por otros departamentos del ministerio con competencias en esta materia.

Esos otros departamentos de Sanidad deben aportar sus consideraciones y comentarios sobre el borrador elaborado por la AEMPS, según las fuentes del Ministerio, que han eludido precisar cuándo podría concluir ese trámite para proceder a la aprobación de la denominada hoja de ruta para el encaje legal del uso del cannabis con fines medicinales.

El anterior ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, cuando esta cartera se encontraba en manos del PSOE en la anterior legislatura, se comprometió en una comparecencia en el Congreso el pasado 10 de mayo a llevar a la Cámara antes de que finalizase ese mes el documento para abordar la regulación del cannabis medicinal, lo que daba a entender que el proyecto ya se encontraba ultimado.

"Seguimos estudiando cuál es la mejor manera de garantizar la seguridad de los pacientes y de que sea eficaz el tratamiento con cannabis. Y espero que pronto podamos traer ese análisis que está realizando la AEMPS", dijo el anterior ministro semanas antes de que concluyera la legislatura con la convocatoria de elecciones generales en el mes de julio.

Ese documento, el borrador elaborado por la AEMPS al que se refiere el Ministerio de Sanidad, es la respuesta al dictamen de la subcomisión creada en el Congreso para estudiar la regulación del cannabis medicinal.

El dictamen fue aprobado el 27 de junio en la Comisión de Sanidad, la cual dio un plazo de seis meses al Gobierno para poner en marcha las medidas necesarias para permitir su uso en España. Ese plazo expiró el 27 de diciembre de 2022 y, un año después, todo sigue igual.

El dictamen del Congreso establece que el cannabis deberá ser prescrito por médicos especialistas de las enfermedades y dolencias autorizadas para su uso y dispensado en farmacias hospitalarias, aunque incluye la posibilidad de extender su aplicación tanto a médicos generalistas como a oficinas de farmacia comunitarias.

Y las indicaciones recomendadas para su prescripción son los casos de espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia, náuseas y vómitos causados por la quimioterapia, endometriosis, dolor oncológico y crónico no oncológico, incluido el neuropático.

El PNV, el grupo que propuso la creación de la subcomisión para regular el cannabis medicinal, acusó en mayo al Gobierno de no haber cumplido el mandato del Congreso y calificó como "jarro de agua fría" que la legislatura hubiese terminado sin haberse emprendido la legalización solicitada por la Comisión de Sanidad.

Preguntado ahora por este periódico, el partido vasco ha eludido hacer un pronunciamiento al cumplirse un año de retraso desde la finalización del plazo concedido por la Cámara.

Sumar se hace con el ministerio regulador

El mayor cambio desde entonces se ha producido en la titularidad del ministerio encargado de la regulación del uso terapéutico de la marihuana.

En la anterior legislatura ese departamento estaba dirigido por el PSOE, primero por Salvador Illa, luego por Carolina Darias y finalmente por Miñones. En la actual, Sumar se ha hecho con una cartera que, por primera vez, no está en manos del PP o del PSOE, con la excepción de UCD en los primeros años de la democracia.

Sumar es, además, una fuerza claramente favorable a la regulación del cannabis tanto de uso medicinal como recreativo o adulto. En su programa electoral, dentro del apartado denominado Derecho a la salud, se compromete a regular el uso terapéutico dentro del nuevo contexto nacional e internacional "desde planteamientos respetuosos con los derechos humanos, la evidencia científica, la realidad social, la salud individual y colectiva y la necesaria protección de las personas en situación de vulnerabilidad".

Además, la formación que lidera la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz se compromete en su programa electoral a llevar a cabo una regulación integral del cannabis y del modelo de asociaciones cannábicas basadas en el autoconsumo y sin ánimo de lucro. Estas son, precisamente, de las que se va a servir Alemania para afrontar la legalización de la marihuana que será aprobada, previsiblemente, en el primer semestre de 2024.

"Se legislará para acabar con el vacío legal existente, despenalizando la producción y el consumo propio y sin ánimo de lucro para no favorecer a las mafias que se enriquecen con el tráfico legal, y se fomentará la información sobre los efectos del consumo de drogas para un consumo responsable y libre", afirma Sumar en su programa.

Miles de pacientes, a la espera

En España, miles de personas utilizan ya el cannabis con fines medicinales, aunque su uso no esté legalizado. Esas personas, que padecen dolor crónico, fibromialgia, esclerosis, cáncer y otras muchas enfermedades, tienen que recurrir al autocultivo o al mercado clandestino para obtener la marihuana con la que alivian sus dolencias y mejoran su bienestar.

El Observatorio Español de Cannabis Medicinal, que representa a esos pacientes y a profesionales que investigan el uso terapéutico de la marihuana, lamenta el retraso que ha sufrido la regulación tras el dictamen que aprobó el Congreso hace ya año y medio, pero confía en que el ministerio dirigido por Mónica García, y con Javier Padilla como secretario de Estado de Sanidad, "pondrá el asunto encima de la mesa pronto".

"Confiamos en que harán las cosas bien, contando con los actores principales y expertos para arrancar el programa de dispensación con el mejor modelo posible, y reflexionar, aprender de los errores que han cometido otros países durante estos años. Y hablar mucho con los pacientes, que son quienes están en el centro y llevan años buscándose la vida", ha manifestado a Público la presidenta del Observatorio, Carola Pérez.

El año de retraso, que se ha cumplido esta semana desde el fin del plazo dado por el Congreso para la regulación, ha supuesto "365 días de dolor constante", subraya Carola Pérez.

"Vemos", añade, "cómo aumenta cada año el consumo de opioides y benzodiacepinas, y los pacientes necesitamos todas las herramientas terapéuticas disponibles. Y los profesionales sanitarios, formación y conocimiento para eliminar el estigma y la desinformación asociada al cannabis medicinal, como que el CBD es la parte medicinal del cannabis, el mayor bulo que están utilizando los médicos y que se extiende como la pólvora".

Frustración entre los profesionales

Los profesionales que trabajan en la investigación del uso medicinal del cannabis también están disgustados con el retraso de la regulación. Jesús de Santiago, anestesiólogo y coordinador del grupo de trabajo de cannabinoides de la Sociedad Española del Dolor, ha expresado a este periódico su "preocupación y, sobre todo, frustración" por la falta de avances.

"Esta demora tiene un impacto directo en los pacientes que sufren dolor crónico y que podrían beneficiarse de las propiedades terapéuticas del cannabis medicinal", recalca.

Explica también que la falta de regulación no solo obstaculiza el acceso de los pacientes con dolor crónico refractario a opciones de tratamiento potencialmente eficaces, sino que también les genera incertidumbre y ansiedad. Además, les obliga a buscar alternativas fuera del sistema sanitario parar aliviar su dolor crónico.

"En este año esperábamos haber visto progresos concretos en la creación de un marco normativo que permitiera a los pacientes con dolor crónico oncológico, neuropático refractario, entre otros, acceder de manera segura y regulada al cannabis medicinal", se lamenta De Santiago.

A juicio de la presidenta del Observatorio del Cannabis Medicinal, España no puede seguir mirando hacia otro lado y negando la evidencia que ha servido a otros países para tratar a sus pacientes, mientras se aumenta la producción en el nuestro con licencias de cultivo concedidas por la AEMPS, de la que, sin embargo, no pueden beneficiarse los pacientes españoles por la falta de una regulación.

Las licencias de cultivo se han duplicado

Cuando comenzó en 2020 la legislatura, con un gobierno progresista de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, la AEMPS tenía concedidas 10 autorizaciones para cultivar cannabis con fines de investigación o de producción medicinal, siguiendo los criterios de una ley de 1967, aprobada por el dictador Francisco Franco, que aún no ha sido modificada o derogada.

Hoy, son más del doble, ya que hay 22 entidades públicas y privadas con esa licencia, según la última actualización de la AEMPS, cuya producción debe ir destinada por completo a la exportación a países donde sí está regulado un uso que en España sigue prohibido.

Y la producción lícita española no deja de crecer. La AEMPS comunicó este año a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) que la producción de cannabis medicinal en España iba a cuadruplicarse hasta alcanzar las 23,4 toneladas, una cantidad que se sitúa entre las 11 mayores de todo el mundo.

En 2022, la previsión del Ministerio de Sanidad ya se había disparado, ya que se multiplicaron por diez los 600 kilos de cannabis notificados a la JIFE en 2021, una producción que en los dos años anteriores no había pasado de los 500 kilos.

La producción de cannabis medicinal sube, pero no así los ensayos clínicos que se realizan para verificar la eficacia e idoneidad de su uso en pacientes. Mientras en el mundo ese tipo de trabajos con medicamentos elaborados con componentes del cannabis aumentaron un 650% entre 2010 y 2022, en España no se hicieron ni el 1% de esos estudios, según un informe de Prohibition Partners, principal empresa de datos que opera en la industria legal internacional del cannabis.

El escaso número de ensayos clínicos contrasta con la realidad de la investigación en este ámbito en España, que cuenta con una de las sociedades científicas más importantes y prolíficas del mundo en la investigación preclínica del cannabis, formada por más de 200 investigadores con una media de entre 30 y 40 publicaciones al trimestre.

A juicio del coordinador del grupo de trabajo de la Sociedad Española del Dolor, que participa en un ensayo con cannabis medicinal, la falta de regulación del uso terapéutico de la marihuana supone un gran obstáculo para la realización de los ensayos clínicos con ese producto.