Juancar era, supuestamente, un estudiante que militaba en el colectivo Distrito 14 del madrileño barrio de Moratalaz. Pero El Salto ha desvelado que, en realidad, se trata de un policía que se había infiltrado en este movimiento social y que su verdadero nombre es Carlos P.M.

Con este último caso ya son ocho los policías infiltrados en movimientos sociales en los últimos años destapados por distintos medios de comunicación, como el propio El Salto, La Directa o elDiario.es. Pero ¿cuál es la cifra total? ¿Cuántos policías han llegado a estar infiltrados en colectivos sociales en los últimos años?

El Gobierno lo oculta a pesar de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) resolvió una reclamación de Público e instó al Ministerio del Interior a informar del número de policías que han estado infiltrados en movimientos sociales anualmente desde 2010 a 2022. Más de medio año después, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska sigue sin cumplir con la resolución.

Sus excusas: que la información se encuentra clasificada, que darla a conocer perjudicaría la labor de la Policía al investigar delitos en el futuro y que el ministerio no sabe qué se entiende y qué no por movimientos sociales. Los dos primeros argumentos fueron desestimados por el Consejo de Transparencia. Sobre el tercero no ha habido resolución porque Interior lo ha añadido de forma extemporánea; recurrieron a este argumento después de que el CTBG ya hubiera tomado una decisión.

Una solicitud de hace más de un año

El caso se remonta a inicios de 2023. El 30 de enero del año pasado La Directa publicaba una investigación en la que revelaba uno de los primeros casos conocidos de policías infiltrados en movimientos sociales. Se trataba de un policía que se había hecho pasar por activista en distintos colectivos de Barcelona, donde se hacía llamar Daniel Hernández. Según reveló la investigación, habría mantenido relaciones sexuales con ocho mujeres compañeras de activismo y había llegado a ser pareja de dos de ellas.

Cinco de esas activistas, que aseguraron que no se habrían relacionado con él en caso de haber sabido que era policía, se querellaron contra Daniel y el Ministerio del Interior por delitos de abusos sexuales, contra la integridad moral, de descubrimiento y revelación de secretos y de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos. La querella se desestimó. El magistrado aseguró en el auto que las relaciones fueron consentidas a pesar del engaño. No obstante, el caso está recurrido en la Audiencia Provincial.

En febrero, después de que se revelara el caso de Daniel, Público realizó una solicitud de acceso a la información pública al amparo de la ley de transparencia. En la solicitud, dirigida a la Dirección General de la Policía Nacional —dependiente de Interior—, se pedía el número de policías infiltrados en movimientos sociales que ha habido cada año desde 2010.

Pero la Policía se negó a entregar la información. En una resolución, firmada por la comisaria principal Eulalia González, la Policía asegura que "la difusión de dichos datos supone un perjuicio para la prevención, investigación y sanción" de delitos y que esta información está declarada secreta por un acuerdo del Consejo de Ministros de 1996.

La excusa "antiterrorista"

Tras esa negativa de Interior a entregar la información solicitada por Público, este medio de comunicación reclamó ante el Consejo de Transparencia. El organismo, encargado de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia, resolvió desmontando los argumentos del Ministerio del Interior.

El Consejo asegura que el acuerdo del Consejo de Ministros al que se había acogido Interior no aplicaría en un caso como este. Ese acuerdo, aprobado durante los últimos meses de Gobierno de Felipe González, declara como información secreta "la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizadas en la lucha antiterrorista por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus fuentes".

Pero el Consejo asegura que "si bien es cierto que la infiltración de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en movimientos sociales constituye una técnica operativa que permite obtener información que pueda ser relevante en la lucha contra la delincuencia; también lo es que facilitar un número global anual de agentes que estuvieron o están infiltrados, sin mayor especificación o desglose, no supone facilitar una información que desvele la estructura u organización o los medios y técnicas operativas utilizadas en la lucha antiterrorista".

Un límite no justificado

El otro motivo que daba Interior para denegar la solicitud de Público era la aplicación del límite de la prevención, investigación y sanción de delitos. La ley de transparencia recoge una serie de límites que se pueden aplicar para denegar una solicitud cuando entregar una información suponga un perjuicio para los mismos. Ese es uno de ellos, pero hay otros como la seguridad nacional o la protección del medio ambiente.

Aún así, cualquier información cuya difusión pueda suponer un perjuicio para uno de los límites no tiene que ser directamente denegada. Los límites se deben aplicar cuando la Administración argumenta que realmente se trata de un caso en el que al entregar la información se generaría un perjuicio y que el daño que puede causar ese perjuicio es superior al interés público de la información solicitada.

El Consejo asegura en su resolución que la Policía "no ha justificado de manera razonable la aplicación del límite". Además, el CTBG argumenta que "lo solicitado es un dato global anual en un arco temporal amplio —referido, además, a ejercicios pasados—, lo que impide conocer los movimientos sociales y las zonas geográficas en las que se ha producido la infiltración o el número concreto de efectivos en cada grupo". Y, por ello, resuelve que la solicitud de Público no puede considerarse que "pueda perjudicar el desarrollo de las labores de prevención y persecución de delitos".

Medio año incumpliendo la resolución

La resolución del Consejo es clara. Ninguno de los argumentos dados por Interior para no entregar la información es justificable, ya que la solicitud de este medio solo pedía conocer el número total de policías infiltrados anualmente en los movimientos sociales. Un dato poco desglosado que no permitiría identificar a estos policías ni en qué movimientos concretos se han infiltrado.

A pesar de ello, la Policía Nacional no ha cumplido con la resolución del Consejo. El CTBG resolvió el caso el 15 de septiembre del año pasado y dio 10 días hábiles a Interior para entregar la información a este medio de comunicación. El plazo expiraba el día 29 del mismo mes. Siete meses y medio después, el ministerio sigue sin cumplir.

Cuando el Consejo de Transparencia dicta una resolución favorable a la entrega de una información, la Administración tiene dos opciones: cumplirla o recurrir ante la Justicia. Pero Interior no cumplió ni llevó el caso a los tribunales. En su lugar, la Dirección General de la Policía Nacional volvió a resolver sobre el caso.

Esta forma de proceder no tiene cabida según lo que marca la ley de transparencia. Aún así, hay Administraciones, como Interior, que acostumbran a optar por esta vía, debido, entre otros motivos, a que el Consejo de Transparencia no tiene capacidad sancionadora y no puede, por tanto, imponer penalizaciones o multas.

En esta nueva resolución, ya firmada directamente por Francisco Pardo, director general de la Policía, el ministerio vuelve a reafirmarse asegurando que se trata de información clasificada y que prevalecería el límite indicado en su primera resolución. Todo ello sin tener en cuenta que el Consejo de Transparencia ya había desmontado estos argumentos.

Interior no sabe "qué son y qué no son movimientos sociales"

La Policía, además, añade un nuevo argumento en esta resolución. La Administración asegura que no se puede ofrecer "un dato concreto y exacto que responda con precisión a lo solicitado". Según la resolución, esto se debe a que "se desconoce lo que el solicitante entiende por movimientos sociales".

Por ello, la Dirección General de la Policía argumenta que "contestar la petición obligaría a categorizar qué son y qué no son movimientos sociales, de lo que resultaría un dato impreciso e indeterminado sujeto a criterios de opinión y valoraciones subjetivas incompatibles con la posibilidad de dar una respuesta exacta y concreta".

Tras esa nueva respuesta, del pasado mes de octubre, Interior no ha vuelto a comunicar nada al respecto del presente expediente. De hecho, Público mandó una nueva solicitud pidiendo que se diera cumplimiento a la resolución del Consejo e Interior volvió a reafirmarse en los mismos argumentos.

El ministro Fernando Grande-Marlaska también ha defendido públicamente el papel de estos policías. Marlaska aseguró en el Senado que cuando se infiltra a un policía se hace porque "se persiguen hechos", "no ideologías", y defendió la "dignidad y buen nombre" de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.