Esther llegó a España en 2019, pero fue detenida por estar en situación administrativa irregular en 2022. A su cargo tenía una hija de año y medio, con la que había recorrido hasta cinco domicilios distintos en el último año. Huía de la persecución de su expareja y estaba reconocida judicialmente como víctima de violencia de género.

A pesar de todo, acabó encerrada en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid con una orden de expulsión del país. Solo la labor de Mundo en Movimiento, que la visitó, acompañó y asesoró durante su paso por estas criticadas prisiones temporales para extranjeros, logró su puesta en libertad después de solicitar protección internacional.

Al menos 44 mujeres pasaron por el CIE de Madrid en 2022, según pudieron contabilizar Pueblos Unidos y el Servicio Jesuita al Migrante. Muchas llevaban en España más de tres años, por lo que podían solicitar permisos de residencia por arraigo. También abundaban las víctimas de violencia machista o mujeres con claros indicios de haber sufrido trata de personas.

Son en su mayoría internamientos evitables de personas que requieren protección específica; pero la dificultad para identificar estas situaciones durante la detención o un discernimiento judicial laxo a la hora de ordenar la privación de libertad genera detenciones como estas, que acarrean un alto grado de sufrimiento y que pueden acabar con la deportación, con la separación de familias, la pérdida de empleos o de trámites administrativos.

El de las mujeres vulnerables no es el único perfil de personas que acabaron internadas en un CIE cuando no deberían. El informe anual que elabora el Servicio Jesuita al Migrante (SJM) ha detectado también a 11 menores que fueron internados a pesar de las dudas sobre su edad y de la prohibición expresa por la ley. Compartieron reclusión con adultos durante varios días o, incluso, semanas, hasta que las pruebas de determinación de la edad —con un margen de error de hasta dos años— confirmaron que eran menores a punto de ser repatriados.

También pasaron por los muros de los CIE hasta 42 personas con ciudadanía europea o con familiares de países de la UE, pese a que estos centros se crearon para deportar a ciudadanos de países no comunitarios.

Casi 2.300 internados

El Ministerio del Interior ha facilitado fuera de plazo los datos solicitados por el SJM a través del Portal de Transparencia para redactar este informe. Según las cifras oficiales, 2.276 personas fueron internadas en alguno de los seis CIE que estuvieron operativos en 2022, un ligero aumento respecto año anterior, aunque se mantiene una pronunciada tendencia a la baja que se notó sobre todo a raíz de la pandemia, en 2020. En 2019 fueron más de 6.000 las personas que pasaron por estos centros.

El 41% de las personas internadas el año pasado se debió a la mera estancia irregular en el país, una simple falta administrativa que acabó en un procedimiento de expulsión. Otro 41% de los internamientos se decretó por entrada irregular al país a bordo de pateras, al que siguió una orden de devolución. De media, las personas internadas pasaron 30,2 días privadas de libertad de los 60 días que permite la ley mientras se intenta ejecutar la deportación. Unos 1.072 de los internados, el 44,63%, acabó en libertad y no fue expulsado.

Es decir, de las más de 31.000 personas que entraron irregularmente en España en 2022, solo se decretó el internamiento de 1.097 y se ejecutó la devolución de 1.015, unas cifras que muestran "hasta qué punto el sufrimiento infligido en el internamiento es perfectamente prescindible", critica el SJM, que cifra en 3.642 el total de repatriaciones forzosas que Interior logró llevar a término el año pasado.

Agresiones policiales sin investigar

El informe, realizado en gran medida gracias a las visitas de diferentes organizaciones a las personas internadas, vuelve a poner de relieve la dificultad para denunciar agresiones o malos tratos por parte de los policías. Aunque la norma habitual es "la profesionalidad y el trato respetuoso" por parte de los agentes encargados de la custodia de los CIE, las organizaciones denuncian casos en los que se ponen trabas para iniciar los trámites de denuncia o para llevar a cabo una correcta investigación.

Entre los problemas más recurrentes están la falta de partes de lesiones o de reconocimientos médicos tras la presunta agresión, o la tardanza de los juzgados para ordenar diligencias y recoger pruebas. Aunque el principal escollo es la celeridad en la deportación del denunciante, que muchas veces ya no se encuentra en España cuando avanza una denuncia penal por agresiones o vejaciones policiales.

Deterioro de la salud mental y física

Una de las mayores preocupaciones de este informe pasa por los efectos del encierro en el empeoramiento de la salud física y mental. Entre los casos detectados están los de varias personas que sufrían patologías que "desbordaban a la atención que podía dispensar el servicio médico-sanitario del CIE". En varios de los casos documentados, la falta de atención adecuada derivó en crisis y hospitalizaciones para pacientes con problemas gástricos. Entre las razones de estas complicaciones, el SJM habla de falta de interés por parte de los médicos del CIE para analizar documentación médica en otro idioma.

También denuncia casos de internos con problemas de salud mental que fueron expulsados sin una valoración forense y sin facilitarles su historial médico para realizar un seguimiento en su país. En ambos casos, su salud mental empeoró en el CIE de forma grave por las propias condiciones de hostilidad y de privación de libertad.

Protocolo antisuicidios

Una muestra de los efectos del paso por el CIE en la salud mental son las 51 ocasiones en las que se activó el protocolo de prevención del suicidio. La mayoría (27 casos) ocurrieron el CIE de Madrid, donde Interior reconoce un fallecimiento por esta causa. Al mismo tiempo, 185 internos fueron encerrados en habitaciones de separación temporal, como se conoce al aislamiento. La mayoría se debió a "comportamientos violentos" o a casos de coronavirus, aunque un 15% de los aislamientos se debió a amenazas o intento de autolesión.

El informe de este año reseña una investigación pionera sobre la relación entre salud mental y asilamiento. El trabajo se realizó tras 88 entrevistas a personas internadas y fue coordinado por la profesora y doctora Virginia Paloma, del Centro de Investigación y Acción Comunitaria de la Universidad de Sevilla.

Según este estudio, el internamiento "genera el sí mismo un proceso de deterioro de la salud mental", y, así, una de cada siete personas internadas mostraba "sintomatología ansiosa o depresiva" que requerían tratamiento y que comenzaba tras su encierro. Además, un 20% de los entrevistados manifestaba haber intentado autolesionarse en el CIE.

Según probaba este informe, los síntomas ansiosos o depresivos iban a más a medida que la calidad de vida era peor, sobre todo en cuanto a la comida, a la higiene de las estancias o a la confianza con los funcionarios y trabajadores de los centros.