El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene la intención de retirar las ayudas de transporte y comedor a los estudiantes con discapacidad física que asisten a centros públicos, situados a menos de tres kilómetros de su hogar. La suspensión de estas subvenciones, que hasta ahora permitían a estos alumnos acceder gratuitamente a ambos servicios, ha sido comunicada por las direcciones de los centros de manera verbal a los afectados, según han denunciado varias familias.

En la Comunidad de Madrid, más de 1.600 niños y niñas con discapacidad están matriculados en centros públicos ordinarios, junto con otros alumnos que no requieren apoyo educativo adicional. Los centros cuentan con recursos humanos y materiales específicos, como enfermeras, fisioterapeutas y adaptaciones en infraestructuras, necesarios para asegurar la inclusión de estos estudiantes. Sin embargo, solo 59 de los que imparten Primaria en toda la región están equipados.

Esta concentración de recursos en un pequeño porcentaje de colegios (apenas un 7% del total) obliga a los estudiantes a desplazarse hasta allí, en lugar de poder asistir a otros más cercanos a sus casas. Para compensar esta carencia, la Comunidad de Madrid ofrece transporte escolar y comedor gratuitos a estos alumnos, equiparándolos con estudiantes de zonas rurales que tienen derecho legal a estos servicios, así como a otros grupos como los estudiantes de centros de educación especial. 

La gratuidad del comedor se vincula al disfrute de la ruta

Ahora, según han denunciado varias familias, la Consejería de Educación ha informado a través de los responsables de los comedores escolares y transportes de que "el servicio tendrá unos criterios más restrictivos": los estudiantes deberán vivir a más de tres kilómetros del centro escolar para poder acceder a ellas. Mientras que, para aquellos alumnos en la misma situación, pero matriculados en educación especial, la distancia permitida se reduce a un kilómetro, han explicado las afectadas en una nota de prensa. 

Se exige, además, que los alumnos utilicen la ruta escolar para poder beneficiarse del comedor gratuito. Por lo que si dejan de tener derecho a lo primero, ocurrirá lo mismo con las comidas. Cabe recordar que hace un año el Gobierno de Ayuso subió el precio del menú del comedor escolar a 5,5 euros, lo que supone casi 1.000 euros por estudiante cada curso.

Esta carga económica se suma a las dificultades financieras que enfrentan muchas familias, que ya deben hacer frente a otros gastos relacionados con la discapacidad de sus hijos, como terapias, productos ortopédicos y apoyos educativos, debido a la insuficiente financiación de los servicios públicos en áreas como la salud, la educación y los social, tal y como han denunciado.

La Consejería de Educación, en cambio, afirma a Público que "es absolutamente falso que se vayan a endurecer los criterios para que los alumnos con discapacidad física escolarizados en centros públicos ordinarios disfruten de transporte y comedor escolar gratuitos como hasta ahora". La institución asegura que "estos alumnos van a seguir teniendo acceso a estos servicios exactamente en las mismas condiciones que en el presente curso 2023/24 o en los cursos anteriores".

El privilegio de las fuerzas de seguridad

Este recorte se produce en un momento en el que la Comunidad de Madrid ha anunciado un aumento en el presupuesto destinado a becas de comedor, alcanzando los 68 millones de euros para el curso que viene.

Este aumento incluye una ampliación del límite de renta y la posibilidad de que estudiantes de ESO, tanto de centros públicos como concertados, accedan a estas becas. Entre los beneficiarios del 100% de gratuidad se encuentran, no obstante, los hijos de policías y guardias civiles con destino en la región, independientemente de sus ingresos.