La población española hace mucho uso del derecho de reunión recogido en la Constitución. Tanto que ha encabezado en la última década, en primer o segundo lugar, la participación en manifestaciones autorizadas en un país de Europa. Así lo reflejan los datos recogidos en la Encuesta Social Europea, que se elabora cada dos años con la participación de diversos organismos nacionales de investigación sociológica.

En la última encuesta, realizada en 31 países entre los meses de septiembre de 2020 y 2022, el 20,3% de la población española mayor de 15 años dice haber asistido al menos a una manifestación pública autorizada en los doce meses anteriores, el mayor índice de participación recogido en el sondeo, donde Israel aparece como segundo país, con un 19,8%, y Chipre en tercer lugar, con un 18,9%.

En la anterior encuesta, elaborada entre 2018 y 2020, España estaba situada en segundo lugar en número de asistentes a manifestaciones, con un 20,4% de la población mayor de 15 años, ligeramente por detrás de Islandia, con un 20,7%. Y en el sondeo que se realizó entre 2012 y 2014, nuestro país lideró ampliamente la participación en protestas en la calle, con un 27,5%, un porcentaje muy superior al del segundo y tercer país, Islandia e Italia, con un 16,9 y un 16,6, respectivamente.

El derecho a manifestarse está recogido en el artículo 21 de la Constitución española, que reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, el cual no necesita de autorización previa, salvo que se lleve a cabo en lugares de tránsito público. En esos casos, la autoridad sólo podrá prohibir la manifestación cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

¿Por qué la población española hace tanto uso de ese derecho? ¿Por qué participa más que nadie en las manifestaciones en la calle? La secretaria del comité de investigación de la Federación Española de Sociología sobre movimientos sociales y profesora de Sociología Política de la Universidad de Granada, Patricia García Espín, considera bastante especial el caso de España, un país con niveles de interés en política relativamente bajos, pero con uno de los porcentajes más altos de participación en protestas organizadas, en el cual solían sobresalir otras poblaciones europeas, fundamentalmente la de Francia.

En otros países europeos, la participación política, aparte de la votación en unas elecciones, se vuelca más en otro tipo de acciones, como por ejemplo suscribir una campaña de recogida de firmas para exigir o denunciar algo.

La Encuesta Social Europea refleja que dicha forma de participación es mucho más alta en otros países, como Noruega y Suecia, que en el sondeo de 2011 superaban el 36%, diez puntos porcentuales por encima de la población española.

Las causas de la alta participación

A juicio de Patricia García, hay tres factores fundamentales que pueden explicar el alto nivel de participación de la población española en manifestaciones. El más conservador de ellos sostiene que la cultura política de nuestro país se ha caracterizado por un bajo nivel de implicación y un alto grado de impulsividad que se expresa en momentos de fuerte reacción frente a determinadas coyunturas políticas.

Otra explicación, según esta experta, es que la protesta se ha normalizado como una forma de acción política más, legítima y que forma parte de nuestra cultura democrática, una acción cada vez más arraigada entre cada vez sectores más amplios de la población, de la misma forma que antes se pertenecía a una asociación.

Y el tercer factor que puede explicar el alto índice de asistencia a manifestaciones en España es que las protestas en la calle surgen como reacción frente a un sistema político poco permeable, poco abierto a la participación ciudadana.

"Un sistema muy poco sensible a la participación social puede provocar que esa participación se canalice a través de la protesta en la calle, que hasta ese momento un sistema representativo muy cerrado no tiene en cuenta", señala Patricia García a Público.

Como ejemplo de ello, esta profesora de Sociología Política pone el proceso que siguió el movimiento del 15M, una protesta muy sostenida en el tiempo, que luego originó la creación de un partido político y que las instituciones públicas se abriesen a atender sus demandas.

El tema laboral, el motivo más frecuente de protesta

El pasado año, en España se comunicaron un total de 33.989 manifestaciones, un 2% más que en 2021, de las cuales únicamente 156 fueron prohibidas, según la última estadística del Ministerio del Interior, que no incluye datos de Euskadi y Catalunya.

Los temas laborales fueron el motivo más frecuente, con 12.181 protestas, un 10% más que el año anterior, seguidos del rechazo a medidas legislativas o políticas (3.801), que, sin embargo, bajaron considerablemente: un 18,5%.

A continuación, se situaron las manifestaciones convocadas por temas sanitarios (2.334), que se incrementaron un 23%; los asuntos vecinales (1.539), que bajaron un 7,5%; contra la violencia de género (1.136), que crecieron un 5%, y por la educación (699), que aumentaron un 10%.

En cuanto a los convocantes de las protestas, los sindicatos, según la estadística de Interior, son los mayoritarios, con 12.459 manifestaciones organizadas; seguidos de las asociaciones ciudadanas (10.079), partidos políticos (2.349), comités de empresa y trabajadores (1.206), asociaciones ecologistas (224) y estudiantes (79).

La radiografía que muestra la estadística de Interior refleja que en todas las comunidades autónomas son los sindicatos los que convocan más manifestaciones, salvo en Aragón, Castilla y León, Cantabria, País Valencià, Madrid y La Rioja, donde son mayoritarias las que organizan asociaciones ciudadanas.

Por su parte, en los motivos prevalecen los laborales y las medidas legislativas y políticas en todas, salvo en Navarra, donde son más frecuentes las que exigen la libertad de presos de grupos terroristas.

Las comunidades donde se convocaron más protestas en 2022 —sin contar Euskadi y Catalunya, que no figuran en esta estadística—, son Andalucía, con 6.988 manifestaciones, Galicia (5.407), Madrid (4.251), País Valencià (3.054), Castilla y León (2.704) y Navarra (2.464).

Por provincias, A Coruña fue la que más protestas registró (3.498), seguida de Sevilla (1.913), Valencia (1.629), Cádiz (1.579), Pontevedra (1.242), Alacant (1.172) y Málaga (1.152).

Según Interior, en todas las manifestaciones se registraron 105 incidencias, 93 de ellas por cortes de tráfico y dos por actuaciones de las fuerzas de seguridad, la mayoría de todas en protestas que tuvieron lugar en Asturias.

El perfil del manifestante ha cambiado

La profesora Patricia García destaca que el perfil de los participantes en manifestaciones ha cambiado en los últimos años en España, y ya no es tanto el de personas asociadas y concienciadas con los problemas sociales y políticos, mayoritariamente de izquierdas y hombres.

"El perfil ha cambiado, porque, por un lado, las mujeres nos hemos incorporado claramente a la protesta con el 8M y el 25N, protestamos igual que los hombres. Y se han incorporado también nuevos temas y perfiles ideológicos que ya no son necesariamente el de una persona de izquierdas. Ya no protesta solo el típico Che Guevara", explica.

A juicio de esta experta, la manifestación en la calle se ha convertido también en una herramienta de protesta de sectores conservadores y de derechas que antes no la utilizaban. Ese cambio —precisa— se produjo fundamentalmente a raíz de las manifestaciones contra el terrorismo de ETA en el final de los años noventa, que contaron con una participación masiva de buena parte de la sociedad española.

De todos modos, la profesora de Sociología Política de la Universidad de Granada subraya que el alto nivel de participación en manifestaciones denota, a la vez que un déficit de las instituciones y una escasa sensibilidad social hacia las demandas de la población, una gran madurez democrática de la sociedad española que se manifiesta pacíficamente en la calle.

Patricia García resalta igualmente la importancia de movimientos de protesta que se mantienen en el tiempo, como el de las plataformas ciudadanas que luchan contra los desahucios y los graves problemas de vivienda en España. Sostenidos, además, por personas con menos recursos económicos y sociales, con, aparentemente, menos posibilidades de canalizar las reivindicaciones.