Un nuevo informe, resultado de otra investigación internacional, acusa de "crímenes contra el derecho internacional" a las autoridades españolas y marroquíes durante el intento de salto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio, en el que al menos 23 personas murieron y más de 70 siguen desaparecidas.

En esta ocasión se trata de una investigación de Amnistía Internacional (AI) que recoge testimonios de 15 de los supervivientes, de familiares de personas desaparecidas, análisis de las imágenes disponibles y la (escasa) información facilitada por las autoridades de ambos países. La ONG es contundente al señalar que tanto las fuerzas de seguridad españolas como las marroquíes hicieron un uso indebido de la fuerza contra los migrantes —la gran mayoría potenciales refugiados sudaneses—, se les dio un trato inhumano, se les negó la atención sanitaria de emergencia y se los devolvió de forma ilegal una vez que habían cruzado todas las vallas.

"Las personas negras han sufrido violencia letal, tortura y otros malos tratos, abusos, devolución, traslados forzosos y desapariciones forzadas, entre otras atroces violaciones de sus derechos humanos, a manos de guardias de fronteras marroquíes y españoles", recoger el informe.

Las conclusiones de AI coinciden en gran parte con las del Defensor del Pueblo, la BBC y la última y más completa investigación, coordinada por Ligthhouse Report —junto a El País, The Guardian o Der Spiegel, entre otros medios—, que además ubica en suelo español a al menos uno de los 23 fallecidos que reconoce la versión oficial marroquí. También coincide con parte importante de los testimonios de algunas de las personas devueltas a Marruecos recogidos por Público en Casablanca pocos días después de la tragedia, que hablaban de malos tratos y devoluciones a Marruecos de personas vulnerables, entre ellas, menores de edad y heridos.

Aún quedan más de 70 personas en paradero desconocido. Por eso, AI habla de "desaparición forzada" y acusa a Marruecos de no haber investigado las denuncias al respecto medio año después de los hechos. Tampoco "han tomado todas las medidas adecuadas para determinar dónde están esas personas desaparecidas", especifica el informe.

El régimen de Mohamed VI ha impedido la asistencia de organizaciones que tratan de ayudar a las familias de los desaparecidos a conocer su paradero, y no ha permitido identificar o examinar los cadáveres que sí llegaron a las morgues, denuncia AI. Los testimonios recogidos por Público también coinciden en este punto.

La ONG recoge el testimonio de familiares de desaparecidos en los que afirman que no tienen noticias de ellos. En concreto, publica una breve entrevista con una familiar de Anwar, uno de los jóvenes sudaneses de los que se perdió el rastro el día del salto.

La responsabilidad española

AI apunta a la falta de información y escasa transparencia por parte del Ministerio del Interior e incide en que no se dispone de material audiovisual clave para esclarecer los hechos. No obstante, apunta también que las devoluciones realizadas por la Guardia Civil— 470, según reveló el Defensor del Pueblo— muestran un "desprecio absoluto" por el principio de no devolución recogido en la Convención de Ginebra para los refugiados. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) también ha reconocido que hubo devoluciones en caliente sin el debido proceso.

"A la gran mayoría de las personas que intentaron cruzar la frontera el 24 de junio se les negó la oportunidad de que se escuchara y evaluara su reclamo" de protección internacional, sostiene el informe.

Entre los testimonios de los migrantes que publica la ONG, destaca el de una joven de Chad, Zacharias, que asegura que fue sido golpeado en la cabeza por un Guardia Civil tras caer de lo alto de la valla. Después fue entregado a los agentes marroquíes, ya maniatado y con la cara cubierta de sangre.

Otros testimonios también aseguran que los agentes españoles devolvieron a personas heridas de forma automática, sin un procedimiento que les permita defenderse legalmente.

También señala un uso indebido de la fuerza por parte de los agentes, sobre todo, al emplear material antidisturbios, como gases lacrimógenos, de alto riesgo en un espacio cercado del que no podían salir.

Sin asistencia sanitaria de emergencia

Otra de las vulneraciones de derechos que documenta el informe es la falta de atención sanitaria de emergencia durante horas a los heridos, no solo a las personas que cayeron de las vallas, también a las heridas con las concertinas, las asfixiadas por los gases lacrimógenos y a las víctimas de la avalancha mortal que se produjo en las puertas interiores del paso fronterizo de Barrio Chino.

Esta presunta omisión del deber de socorro, tanto por España como por Marruecos, también ha sido denunciada por el Defensor del Pueblo, investigaciones periodísticas y varios diputados españoles que visitaron Melilla el mes pasado. Interior siempre ha justificado esta falta de asistencia en los momento más críticos por la falta de seguridad para los equipos médicos ante la violencia empleada en el intento de salto.

Tanto la Cruz Roja Española como el Hospital Comarcal de Melilla confirman que atendieron a varias personas heridas, pero todas formaban parte de las 134 que consiguieron llegar al CETI de Melilla. "Las autoridades españolas no ayudaron en modo alguno a las personas heridas que quedaron en el suelo en territorio español una vez concluida la operación policial, por lo que violaron sus derechos de múltiples formas, incluido su derecho a atención médica rápida y adecuada y a no sufrir tortura y otros malos tratos", denuncia AI.

En sus conclusiones, la ONG lamenta que estos hechos se deban a la política de externalización de fronteras de España y de Europa a terceros países que no respetan los derechos humanos. Exige investigaciones independientes sobre los hechos y denuncia que no se ha depurado ningún tipo de responsabilidad penal, civil ni política, tanto en España como en Marruecos.