La vista del Tribunal de Cuentas por la presunta responsabilidad contable del expresidente catalán Carles Puigdemont y otros 34 excargos de la Generalitat de Catalunya por el supuesto desvío de fondos para el referéndum del 1-O y la acción exterior del Govern, terminó este viernes con la incógnita de si el procedimiento quedará finalmente suspendido por la ley de amnistía.

La sesión ha durado menos de dos horas y se ha celebrado después de que la consejera del departamento segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal, Elena Hernáez, rechazara la petición del exvicepresidente Oriol Junqueras y del resto de encausados de ERC de suspenderla después de que el PSOE registrara en el Congreso la proposición de ley de amnistía.

Aunque la consejera ha acordado celebrar la vista, ha avisado al inicio de la sesión de que más adelante se pronunciará por escrito sobre si suspende el procedimiento por esa causa.

Los encausados de ERC pidieron el pasado martes la suspensión del juicio a la espera de la aprobación de la norma, alegando que era “altamente probable” que su entrada en vigor tuviese lugar en los próximos meses y que el juicio de este viernes podía “acarrear cargas procesales innecesarias”.

Resolución penal firme

Los acusados de ERC no han sido los primeros en pedir la suspensión de la vista. De hecho, Puigdemont y los exconsejeros Lluís Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí, de Junts per Catalunya, solicitaron que no se celebrara la vista porque consideraban que primero debía haber una resolución penal firme. El Tribunal de Cuentas desestimó su petición.

La Fiscalía y Societat Civil Catalana, que ejerce la acusación popular, mostraron este viernes su oposición a que se suspendiera la vista. El fiscal del caso, Manuel Granizo, aseguró que, aunque la petición se basa en la economía procesal y que no podía “hacer otra cosa que agradecerla” porque comparte ese principio, la suspensión no se podía “subordinar a un acontecimiento futuro”.

El fiscal recordó que la proposición de ley de amnistía aún no ha sido admitida por la Mesa del Congreso y ha precisado que hasta que el texto no se convierta en ley y entre en vigor no pueden aplicarse sus efectos. “Por lo tanto, no cabe en el momento presente la suspensión”, apuntó.

Así las cosas, la consejera que preside la vista acordó seguir adelante con la comparecencia de tres testigos. La primera de ellas, la que fuera interventora de la Administración del Estado en Catalunya cuando se celebró el referéndum del 1-O, María Luisa Lamela, aseguró que “nunca llegó a controlar” los gastos del procés porque no era su competencia hacerlo.

Lamela, citada a petición de una de las defensas, explicó que su departamento “no controlaba los gastos” del independentismo catalán porque no tenía ni competencia ni capacidad para hacerlo. “Lo que interesaba es que todo viniera firmado por la interventora general de Catalunya”, Rosa Vidal, apuntó, al tiempo que reconocía tener “muy buena relación” con ella.

La declaración como testigo de Lamela tuvo lugar después de que finalmente Puigdemont no declarara al no habérsele permitido hacerlo por videoconferencia. Su abogado, Gonzalo Boye, ha argumentado que planteó su petición a última hora porque hasta el último momento no se sabía si el expresidente podría regresar a España sin ser detenido.

La mayor parte del interrogatorio a la exinterventora estuvo a cargo de la defensa de Puigdemont, que le preguntó por las facturas de Unipost, la empresa que emitió presupuestos a la Generalitat por encargos destinados al 1-O por valor de un millón de euros, y por las decisiones del Consejo de Ministros de “cortar” la financiación al procés. Lamela se limitó a insistir en que no controló esos gastos porque no era su competencia.

Asimismo, la defensa de Puigdemont incidió en el hecho de que Lamela es hermana de la primera juez instructora del procés, Carmen Lamela. La testigo aseguró que ella y su hermana no hablan de temas profesionales, pero la consejera del Tribunal de Cuentas intervino para avisar de que no tenía necesidad de explicarse sobre ese extremo.

Diplocat

También declaró como testigo Antoni Millet, antiguo miembro del comité ejecutivo del Diplocat -el consorcio mediante el que la Generalitat buscó apoyos internacionales al procés-, a quien le han preguntado por las reuniones del organismo después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya en 2017, que permitió la intervención por parte del Gobierno de las instituciones autonómicas catalanas. Millet aseguró que el ente no se llegó a disolver, pero que no se había reunido hasta principios de 2018.

El tercer testigo fue Alfonso González Bondía, el profesor titular de Derecho Internacional de la Universitat Rovira i Virgili a quien se le encargó elaborar un censo de tratados internacionales suscritos por el Estado español. González Bondía explicó que le contrataron en 2015 y que sus honorarios se fijaron tras solicitar baremos a la fundación de la universidad.

La vista duró menos de dos horas porque que la prueba documental se dio por reproducida y solo se celebraron las tres citadas testificales, en las que no preguntaron todas las defensas. Ni la Fiscalía ni Sociedad Civil Catalana participaron en ninguno de los interrogatorios. La consejera explicó que, en caso de seguir adelante con el procedimiento, dará un plazo a las partes para que presenten sus conclusiones por escrito.

La Fiscalía reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama cinco millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público. Los acusados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos.

Artur Mas, entre los encausados

Además de Puigdemont, entre los 35 figura también el expresidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros más otro millón en concepto de intereses por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.

En la lista también están exconsejeros condenados por el Supremo como Raül Romeva y Jordi Turull; exconsejeros huidos como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).

Asimismo, están encausadas nueve personas que fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Destacan el exsecretario general de la Presidencia del Govern, Joaquim Nim; el exsecretario de difusión de Presidencia, Antoni Molons; el exsecretario general de Trabajo, Josep Ginesta; y el exdirector de Diplocat, Albert Royo.