El Tribunal Supremo ha prorrogado el plazo para dictar la sentencia que responderá a los recursos del caso de los ERE de Andalucía. El tribunal argumenta que se debe a la "complejidad" de la causa "teniendo en cuenta el número de recurrentes y los motivos formulados", según se indica en el auto.

En el caso ERE fueron condenados 19 ex altos cargos de la Junta de la autonomía, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por fraude en la concesión de ayudas sociolaborales.

Los magistrados de la Sala de lo Penal han dictado una prórroga de 60 días hábiles a contar desde el 23 de mayo y se da de plazo hasta la vuelta del verano para dictar sentencia. El tribunal, sin embargo, no tiene por qué cumplir el plazo en su integridad, por lo que en el caso de necesitar más tiempo podría decretar una nueva prórroga. El Supremo ya había postergado su fallo para no influir en las elecciones andaluzas del pasado domingo.

"Son patentes las ilegalidades" 

La Fiscalía solicitó durante la vista de los recursos, celebrada los días 4 y 5 de mayo, que el Supremo confirmase las condenas impuestas por la Audiencia de Sevilla. En ellas se sentenciaba a Griñán a seis años de prisión por delitos de malversación y prevaricación, y a Chaves a nueve de inhabilitación por prevaricación, además de a casi una veintena de excargos de la Junta de Andalucía.

Para la Fiscalía además ha quedado probado que "se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control". Según defendió, "son patentes las ilegalidades" cometidas y "todos eludieron sus responsabilidades" y "eran conscientes de que la partida no era adecuada".

Añadió que "cada uno de ellos colaboraba para la consecución del fin conjunto". El Ministerio Fiscal aseguró que las ayudas concedidas no cumplieron con los requisitos previstos: ni relación de beneficiarios ni justificación de la finalidad pública ni acreditación de cumplimiento de dichas finalidades. Al hilo, insistió en que "no es posible" que esto sucediera durante 10 años y los acusados no tuvieran conocimiento de ello.

Las defensas de los condenados, por su parte, criticaron la "ambigüedad" y "arbitrariedad" de la sentencia, y el abogado de Griñán aseguró que la resolución no mencionaba "ningún ánimo de lucro" del también exconsejero de Economía, quien —dijo— "no puede malversar si no puede decidir sobre el destino de los fondos".

Esta es una de las causas de mayor trascendencia política en Andalucía. Las ayudas sociolaborales que concedió el Gobierno andaluz en beneficio de las empresas con "absoluta falta de control" entre 2000 y 2009 fueron de unos 680 millones de euros. En el caso de los ERE fueron condenados a penas de prisión los exconsejeros Antonio Fernández (siete años), José Antonio Viera (siete años), Francisco Vallejo (siete años) y Carmen Martínez Aguayo (seis años).