A la mesa de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), en el Consejo de Gobierno que se celebra habitualmente los martes en Sevilla, llega periódicamente un informe sobre la situación de los embalses de Andalucía. La cifra de agua disponible lleva tres años cayendo en picado: en 2022, los embalses estaban al 31% de su capacidad y dos años después están al 20%.

Llueve apenas, se consume más de lo que entra y al modelo económico se le ven las costuras. Hace unas semanas, el presidente de la Junta avisó de que podría llegar a cortar el agua en las grandes ciudades de Andalucía si no llovía con intensidad. En este tema, capital, Moreno Bonilla ha buscado entenderse este viernes con el Gobierno de España y ha conversado con la vicepresidenta Teresa Ribera, con quien ya firmó el armisticio de Doñana hace unos meses, para "programar acciones que garanticen la normalidad en verano".

En la memoria de los andaluces permanece la traumática sequía de los años 90, cuando se produjeron tremendos parones en el suministro, se celebraban los días de lluvia como si fueran victorias del equipo de fútbol y se pensó incluso en evacuar Sevilla y en otras ideas, estas más peregrinas, como remolcar un iceberg. En aquella época, hubo comunidades de vecinos y particulares que tenían depósitos extra de agua y notaban menos los cortes. Hay quien comparte ya páginas web de segunda mano, en las que se puede ver ya algún movimiento en la venta de contenedores de agua.

En el informe que recibió el presidente el 16 de enero pasado, el último que ha hecho público la Administración, se recogen estos datos: "El agua embalsada en Andalucía, a 15 de enero de 2024, era de 2.394 hectómetros cúbicos, lo que representa el 20% de la capacidad total de almacenamiento de 11.966 hectómetros cúbicos. Si comparamos este volumen con el disponible la misma semana del año 2023, hay 1.123 hectómetros cúbicos menos, ya que los recursos almacenados eran de 3.517 hectómetros cúbicos, el 29%".

Un año antes, el 10 de enero de 2023, el informe que se le hizo llegar a Moreno revelaba también un descenso de las reservas, de 318 hectómetros cúbicos, respecto a enero de 2022, una caída considerable, aunque no tan pronunciada como la de este último año. Entonces los embalses guardaban 3.784 hectómetros cúbicos y estaban al 31%.

Como referencia de lo que significan esas cantidades, Sevilla y su área metropolitana –en torno a 1,4 millones de habitantes– consumen en un año 96 hectómetros cúbicos, según expone a Público Joan Corominas, de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

El experto aporta algunas razones por las que aún no ha habido cortes de agua como los de los 90 en las grandes ciudades: "En el caso de Sevilla se han podido superar cinco años de sequía sin restricciones, cuando en la sequía 1992-1995 al segundo año se impusieron duras restricciones que duraron hasta noviembre de 1995. [En el área de] Sevilla se ha pasado de detraer de los embalses 176 hectómetros cúbicos a 96 en estos 25 años, aun habiendo crecido la población en un 20%: concienciación ciudadana, mejoras en la eficacia de las redes de distribución, transparencia, participación pública y buena gestión".

La agricultura

La falta de agua está poniendo a prueba el modelo económico de Andalucía, basado en el extractivismo y la desigualdad, con un gran peso de la agricultura, superior al de otras zonas del Estado.

Casi el 10% del valor añadido bruto y del empleo en Andalucía (8,9% y 9,6%, respectivamente) corresponden al sector primario y a la industria de la alimentación, lo que representa un peso considerablemente más alto que en España (5,6% y 6,4%, respectivamente), según datos de la Junta de Andalucía.

Asimismo, la tercera parte de las exportaciones internacionales de Andalucía (32,4%) corresponden a productos alimenticios, lo que duplica el porcentaje de exportaciones internacionales de alimentos de España (16,5%).

La Junta calcula que el impacto de la sequía en el modelo económico andaluz es muy relevante: de no estar sufriendo sus consecuencias, la economía andaluza crecería un 2,1% más, esto es, en torno al 4%. 

El BBVA, en un informe reciente en el que se analiza la situación de Andalucía, aporta datos similares: "La sequía ha representado un revés importante para el sector agroalimentario. La escasez de precipitaciones [...] habría reducido el crecimiento trimestral [...] en 1,8 puntos porcentuales".

Reparto justo del agua

Las costuras están a la vista –una manifestación de agricultores recorrió las calles de Sevilla este jueves– y el problema va a ir en aumento. Esta semana, Eloy Revilla, el director de la Estación Biológica de Doñana, una comarca paradigmática al estar las reservas de agua muy presionadas por la agricultura bajo plásticos, lanzó la enésima alerta sobre Doñana, pero su idea se puede extrapolar a todo el modelo, muy dependiente del agua.

Valga así el ejemplo de la corona de Doñana para ilustrar el uso intensivo del agua que utilizan los regantes. En un trabajo de Joan Corominas y Leandro del Moral, en el que se revela con toda claridad la desigualdad en la distribución de los regadíos –solo 36 explotaciones se llevan más de un tercio del agua de uso legal en el entorno de Doñana–, se recoge lo siguiente: "Del análisis de los censos provisionales sometidos a información pública de los usuarios de las masas de agua subterránea Almonte, Marismas y La Rocina (en Doñana) se puede deducir que el volumen total autorizado es de unos 96 hectómetros cúbicos, de los cuales el 92% se destina al regadío, lo que permite el riego de 19.558 hectáreas".

Es decir, según este trabajo, 2.700 explotaciones en Doñana consumen cada año la misma cantidad de agua que 1,4 millones de habitantes.

"La sequía de los años 90 seguía el patrón estándar del área mediterránea. Ahora estamos en una sequía muy prolongada que nos da a entender que estamos en un cambio de funcionamiento. Estos cambios son diferenciales y están de acuerdo desgraciadamente con las predicciones que se vienen haciendo de hacia dónde vamos en el cambio del clima. Va a haber cambios profundos en los ambientes naturales y también en la disponibilidad del agua que tenemos las personas", aseguró el director de la Estación Biológica de Doñana.

"El impacto va a ser en el propio sistema socioeconómico que se ha montado", agregó Revilla. ¿Las soluciones? "Pasan por adaptar la demanda de agua. Hay que hacer y mejorar las infraestructuras y reducir la demanda: eso es muy importante".

La Mesa Social del Agua, que agrupa a agricultores, sindicatos, asociaciones ecologistas y grupos de expertos en torno a un reparto justo del recurso, ha publicado esta semana un trabajo en el que se reclama un "cambio profundo de las estructuras de gobierno del agua".

"El reto principal –exponen– es el reparto o reasignación social del agua disponible, con criterios de transición hídrica justa, discriminando positivamente a la agricultura familiar, social y profesional que se define por su multifuncionalidad, el arraigo en el territorio, la producción de alimentos de proximidad, la calidad de los productos, el capital social que genera, la transmisión intergeneracional de conocimiento".

La Mesa propone caminar hacia "un modelo agrario que cumpla funciones sociales (incluidas condiciones y retribuciones dignas de las personas trabajadoras) y ambientales (imprescindibles para mantener la biodiversidad y la calidad del mundo rural)". 

Y lo contraponen al actual: "Frente a este modelo, el agua se ve amenazada por el crecimiento de las grandes explotaciones intensivas en forma de sociedades mercantiles, el proceso de precarización de la agricultura, los modelos de integración productiva y la pérdida de capacidad de decisión del agricultor en el conjunto del sector alimentario".

Cuarto decreto de Moreno Bonilla

No se puede decir que el gabinete de Moreno no se haya movido contra la sequía: van ya por cuatro decretos, el último de hace unos días, pero ¿van en la dirección correcta? ¿Son buenos planes?

"Creo que se están dando cuenta ahora de la gravedad de una sequía que, en Andalucía, dura ya seis años, aunque la intensidad de los impactos se ha producido por acumulación de años medianamente secos y no por pocos años muy secos. Disponemos de planes de gestión de sequías que en parte han quedado superados por la realidad. Un ejemplo de libro es que en la cuenca del Guadalete se autorizaron el año pasado dotaciones de riego casi normales y se esquilmaron los recursos de los embalses que están ahora al 16%, poniendo en riesgo los abastecimientos de la zona gaditana con un millón de habitantes", afirma Corominas.

El último decreto prevé un desembolso total de 200 millones de euros, la mitad en obras de emergencia –sondeos, conexiones, mejoras en el tratamiento de agua residual e incorporación de las mismas a sistemas de riego–, otros 50 en ayudas a agricultores y 40 más en subvencionar a los ayuntamientos para que mejoren sus redes. 

"Parece que es más realista y menos publicitario que los anteriores", analiza Corominas. "Una medida preocupante –agrega– es que habilita a los operadores de los servicios de agua (públicos y privados) para acometer, previa autorización de los ayuntamientos respectivos, las obras financiadas con cargo a este decreto ley".

"Una medida positiva es la prohibición de la puesta en riego de nuevas superficies de riego aunque dispongan de concesión de aguas", remacha. Una gota de agua en un océano.