El Senado, amparándose en la mayoría absoluta de la que goza el PP, ha aprobado este miércoles la reprobación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha pedido al Gobierno que lo cese. La iniciativa ha salido adelante con los votos del PP, que ha contado con el apoyo de Vox y UPN. El PSOE y la Izquierda Confederal han votado en contra, pero no han recibido el apoyo de sus habituales socios: Junts, ERC, PNV y EH Bildu se han abstenido.

La reprobación al fiscal general en la Cámara Alta ha contado con 144 votos a favor de PP y Vox, 97 en contra del PSOE y la Izquierda Confederal y 19 abstenciones, todas ellas de los socios del Gobierno de Pedro Sánchez.

La reprobación de García Ortiz se incluía en una moción promovida por el PP en la que insta al Gobierno a proponer la destitución del fiscal general "ante el incumplimiento de sus funciones" y la designación de otra persona para el cargo.

En su defensa de la moción, el PP ha incidido en los motivos que llevaron a la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial, con el mandato caducado desde hace más de cinco años, a considerarle "no idóneo" para el cargo, algo que sucedió por vez primera en democracia.

La reprobación del Senado a García Ortiz se produce un día después de que el Tribunal Supremo acordara anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática y ordenara que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre si es o no compatible que asuma el cargo al ser la pareja del exjuez Baltasar Garzón, que dirige una fundación de Derechos Humanos.

En este sentido, el PP ha afirmado que "si [García Ortiz] tuviera la más mínima dignidad ayer mismo habría dimitido, porque el Supremo le ha dado un nuevo varapalo".

La reprobación del Senado también se produce un día después (para muchos es demasiada casualidad) de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptara investigar la querella del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contra dos fiscales por presunta revelación de secretos.

Se trata de la querella por la difusión de una nota de prensa de la Fiscalía de Madrid en la que se informaba sobre la investigación por fraude fiscal al empresario y la oferta de su abogado para llegar a un acuerdo de conformidad con el ministerio público. El tribunal ha adoptado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía que, tras un debate interno, pidió no admitir la querella al considerar que no existía ningún delito, y después de que García Ortiz haya asumido la "responsabilidad última" en esta cuestión."

"Saquen sus sucias manos de las instituciones y cesen al fiscal general", ha dicho la popular María José Pardo, quien ha acusado al PSOE de mentir porque el fiscal general "sí puede ser cesado", al contrario de lo que sostienen los socialistas.

Desde el PSOE, José María Oleaga ha destacado "el currículum brillante" del fiscal general asegurando que "este ataque" no tiene nada que ver con sus alegaciones sino con que García Ortiz fue el fiscal del caso Prestige. "Deben respetar al fiscal general, abandonar los bulos, la confrontación y la descalificación".

En cuanto al resto de grupos, Vox ha reclamado el cese "por los escándalos protagonizados", la Izquierda Confederal ha arremetido contra el PP por "comportarse como unos matones" mientras que Junts y PNV han cargado contra los dos grandes partidos por su relación, cuando cada uno de ellos ha gobernado, con el fiscal general.