Decisiones polémicas del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), quejas sindicales y denuncias de supuestas irregularidades en las adjudicaciones a empresas sanitarias privadas por parte de la oposición han llevado, en vísperas de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, a la sanidad pública andaluza (que venía de años de recortes y protestas y ha sido zarandeada por la pandemia) al centro mismo del debate político y, también, la han convertido en un polvorín, con gastos en cuestión, una orden matizada, pero sin rectificar y protestas en el horizonte.

Con la idea de que nada estalle y de calmar las aguas en periodo preelectoral y evitar que cale en la sociedad la idea de que su Gobierno lo que busca es privatizaciones sin medida, el presidente presentó este lunes, con foto incluida, un acuerdo con la patronal CEA y los sindicatos CCOO y UGT, llamado pacto social y económico por el impulso de Andalucía, que recoge numerosas medidas en varios campos, entre ellas un acuerdo sobre la polémica orden que permite la derivación de pacientes de Atención Primaria, los que van al centro de salud a consulta de medicina de familia, a clínicas privadas con financiación pública.

Este acuerdo (aún falta ejecutarlo) de los sindicatos de clase con el presidente ha caldeado las aguas en la izquierda andaluza, enfrascada en coger aire con las externalizaciones de pacientes a la privada a costa del erario público tras la mayoría absoluta del PP del pasado mes de junio.

Así, Adelante Andalucía criticó sin pelos en la lengua a CCOO y UGT por firmar un acuerdo con Moreno a las puertas de las municipales mientras sus afiliados y delegados sindicales están trabajando en las movilizaciones convocadas en las ocho provincias andaluzas el próximo 25 de marzo. Es "incomprensible y un error de bulto" que las direcciones andaluzas de UGT y CCOO se presten "a este lavado de cara con medidas vacías que no aportan absolutamente nada", dijo el diputado José Ignacio García.

Las manifestaciones del 25 de marzo, convocadas por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, en las ocho provincias, buscan "frenar las privatizaciones, revertir el desmantelamiento de la Atención Primaria [capaz de resolver más del 80% de los problemas de salud], reducir las largas listas de espera, minimizar las trabas de accesibilidad al sistema, mejorar la atención a la salud mental y eliminar la precariedad laboral del personal del SAS".

La Marea Blanca por la Sanidad también está preocupada por la posibilidad de que el acuerdo reste fuerza y desmovilice a las bases de ambos sindicatos de cara a las manifestaciones del próximo 25 de marzo. "Es altamente preocupante, no es posible que el acuerdo se base en una promesa de Moreno de aumentar la inversión en la primaria: eso es fiarse de la promesa verbal de una persona que no cumple jamás. Es una trampa vulgar. Fiarse de eso es increíble y responde a intereses complejos de las grandes organizaciones más que a la confianza que le tengan a una promesa verbal".

A Podemos también le resulta "sorprendente" el momento en que llega el acuerdo, pero, a falta de estudiarlo con exactitud, no lo rechazan de plano: "No entiendo la política de votar en contra de todo, por sistema, como hace el PP en el congreso", afirma Juan Antonio Delgado, portavoz adjunto de Por Andalucía. "Todo lo que sea bueno, apoyaremos. El Gobierno de Unidas Podemos ha hecho varios pactos que se están cumpliendo". Eso sí, puntualiza Delgado, que no se fía de que se vaya a cumplir: "Nos tendrán que explicar el grado de cumplimiento de los anteriores y me temo mucho que este acuerdo tiene tintes electoralistas".

Protestas

Nuria López, secretaria general de CCOO, consciente de que la firma del pacto no ha sentado bien en algunos sectores, publicó un tuit este martes en el que afirmó: "Para quien no lo entienda. En sanidad acordamos: 1. Pacto para blindar la Atención Primaria aumentando presupuesto a un 25%. 2. Cambios normativos para garantizar que NO se privatice la Atención Primaria. Mientras esto NO se cumpla, siempre en la calle. Nos vemos el 16 y el 25".

UGT señaló en un comunicado: "Es más que evidente que UGT está exigiendo a la Consejería de Salud que articule mejoras globales en la Atención Primaria y elimine de la orden la posibilidad de privatizar las consultas de medicina de familia y que mientras no se produzca esto seguiremos con nuestras movilizaciones. No entendemos como un Gobierno se compromete por escrito mientras su Consejera [de Salud] hace exactamente lo contrario".

Tanto UGT como CCOO, de momento, mantienen las protestas convocadas en el ámbito sanitario (movilizaciones el 16 junto con Csif y apoyo el 25 de marzo a la Marea Blanca por la sanidad) mientras el Gobierno andaluz no cumpla con lo comprometido por el presidente.

El acuerdo consta de varias patas en lo que se refiere a la orden sanitaria. Por un lado, dedicar al menos el 25% del presupuesto (en 2020, según los últimos datos disponibles, estaba en el 17%) de salud a la Atención Primaria. Por otro, según el texto enviado a los medios, garantizar "la preservación de la no externalización de la Atención Primaria salvo en situaciones de emergencia sanitaria sin posible cobertura por los servicios públicos". Es decir, esta redacción evita la retirada de la mención expresa a la Atención Primaria, que por primera vez recoge la orden que fija los precios de las derivaciones a la sanidad privada.

Por último, "cualquier infraestructura, medio diagnóstico o dotación sanitaria que haya sido financiada con fondos públicos, será destinada en exclusividad a la utilización por el sistema sanitario público andaluz".

CCOO y UGT consideran que esta redacción obliga al Gobierno de Moreno a rectificar de nuevo la orden. Fuentes de CCOO aseguran que debe abrirse ahora una negociación y que la orden debe modificarse, pero que no saben cómo lo piensa hacer la Consejería. Público ha preguntado expresamente al respecto, pero no ha obtenido respuesta de Salud. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, dijo en rueda de prensa: "Veremos qué cambios normativos serán necesarios".

Sanz defendió que "no hay prevista, la privatización" de las consultas de Atención Primaria. "En ningún caso. Está fuera de discusión", dijo, según recoge Europa Press. "La firma por la Atención Primaria es la prueba de la voluntad de todas las partes de alcanzar un acuerdo", agregó. Ahor, cerró el consejero, hay "previstas reuniones con los representantes sindicales para el modelo que pretendemos pactar".

"Desvío" de fondos

El estado de la sanidad andaluza era uno de los principales problemas de la Comunidad en diciembre pasado, después de los relacionados con el paro, la inflación y la corrupción, según el barómetro del Centra. Ahora, además de la polémica con la orden que regula los precios de los conciertos sanitarios en Andalucía y la tensión con los sanitarios, al Gobierno andaluz se le une la denuncia pública de la oposición de presuntas irregularidades en la gestión de los fondos, que se basa en una información de eldiario.es.

Para el PSOE se ha producido un "desvío" de dinero público a clínicas privadas con la cobertura de una normativa derogada tras la pandemia que permitía contrataciones urgentes y muy ágiles. Son, según la oposición, "más de 117 millones de euros a la sanidad privada sin marco legal y a dedo". A la pregunta de si se han planteado llevar a la justicia el asunto, el PSOE afirmó: "Si se termina constatando vamos a ir hasta el final en el ámbito político y en el judicial".

El Gobierno andaluz, que no niega que se utilizaran los procedimientos de urgencia por la pandemia, sostiene por el contrario que todo ha sido legal y que los desembolsos cuentan con informes escritos de los asesores jurídicos que los avalan. Este periódico ha solicitado los informes a la Junta, que fueron entregados. En ellos, firmados por letrados de la Consejería de Salud, se avala en términos generales (no para cada caso: son 79 los contratos) la ampliación y prórroga de contratos de emergencia si concurren una serie de circunstancias, recogidas en la ley.

El portavoz de Moreno, el consejero Ramón Fernández Pacheco, anunció este martes, además, un nuevo modelo de contrataciones que "tiene como objetivo que no se sigan prorrogando los contratos de emergencia y avanzar en transparencia", según recoge Europa Press.

Desde que llegó al Gobierno, el PP ha incrementado en términos absolutos el gasto año tras año en conciertos sanitarios. De 410 millones al cierre de 2018, se había pasado a 523, un 27% más, al cierre de 2021, según los datos de Salud. En términos relativos, sin embargo, el gasto en conciertos respecto del total del gasto sanitario, debido al aumento del presupuesto global (sobre todo por la pandemia) destinado a Salud, ha aumentado apenas unas décimas, del 4,40% de 2018, cuando el PSOE dejó la Junta, al 4,49% de 2021. Esta cifra es aún de las más bajas del país, por lo que el margen que tiene el PP para mejorar el negocio de las empresas en este terreno es muy amplio.