El PSOE ha llevado al Tribunal Constitucional un decreto-ley ómnibus del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), que modifica 176 normas (53 leyes). El Ejecutivo autonómico tachó este recurso de "eminentemente político".

La idea del PP era, con él, reducir la burocracia en numerosos procesos administrativos, pero en el articulado coló otros asuntos, uno particularmente delicado, como Doñana, lo que le llevó a rectificar en ese tema y en otros tres más. El Gobierno de España también ha planteado que se rectifique otro artículo, relativo a modificaciones en la normativa urbanística.

Ahora, el PSOE denuncia que se viene produciendo en Andalucía un "uso abusivo" del decreto-ley, una potestad del Ejecutivo autonómico que le permite –con una convalidación posterior en el Parlamento, lo que en Andalucía es un mero trámite, al estar garantizada por la mayoría absoluta del PP– legislar con agilidad, sin tener que pasar por procesos parlamentarios que duran meses. Eso sí, el Estatuto de Autonomía exige para su uso que exista "extraordinaria y urgente necesidad".

El diputado autonómico del PSOE, Josele Aguilar, argumentó este martes en rueda de prensa que en dos años y medio, el Gobierno de Moreno ha aprobado "29 decretos-leyes, frente a 11 leyes". "Esto –dijo– es un desprecio al Parlamento". "La tramitación a través de decretos leyes no es inocente", agregó Aguilar: "Permite eludir informes".

En el decreto-ley, ya convalidado en el Parlamento y, por tanto, en vigor, llamado por el Gobierno de Moreno Bonilla de simplificación administrativa va, para los socialistas, "las formas" son claramente "inconstitucionales".

"Alguna modificación puede ser urgente, pero las 176 no, desde luego. No había urgente necesidad", remachó Aguilar. La tramitación de este decreto-ley, según el parlamentario socialista, tardó un año: "Moreno impone su criterio mediante esa mayoría absoluta", dijo.

En el recurso al Constitucional, los socialistas también argumentan que "no cabe la revisión de normas reglamentarias a través del uso del decreto-ley". Según los datos del Gobierno de Moreno Bonilla, esta norma modifica 95 decretos y 28 órdenes –el resto, 53, son leyes–.

Un recurso "político"

Cuando aprobó este decretazo, el Gobierno andaluz manifestó que recogía "más de 450 medidas de simplificación administrativa para mejorar la relación entre ciudadanos y administración, con el objetivo de acabar con la complejidad normativa, con la maraña administrativa, los procedimientos farragosos, las duplicidades y la lentitud en la tramitación".

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz (PP), replicó a los socialistas que su recurso es "político". Se agarró para apuntalar su argumento a que el Gobierno de Pedro Sánchez "solamente pide la modificación de un apartado de un artículo en el marco de un decreto que tiene 700 páginas".

Para Sanz, la decisión de interponer este recurso de inconstitucionalidad es "un ejemplo más de cómo el PSOE no quiere que Andalucía avance y pone zancadillas al futuro". "Nadie se puede oponer" a la simplificación administrativa, que es algo que "todo el mundo ha aplaudido", incluidas "empresas" y "todos los sectores económicos", añadió, según recoge Europa Press.