La mayoría del Partido Popular en el Senado vuelve a tumbar los Objetivos Presupuestarios y el plan de reequilibrio financiero, como ya hiciera en febrero en la primera oportunidad que tuvo el Gobierno de pasar ese filtro de la Cámara Alta. El resultado de la votación, en este segundo intento, ha sido de 146 votos en contra y 115 votos a favor. 

Se trata del paso previo para elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero no es imprescindible. Fuentes del Gobierno explican que, con los Objetivos Presupuestarios tumbados por segunda vez, el Ejecutivo podrá preparar los PGE adecuando las cuentas a la senda que se remitió a Bruselas el mes de abril, como ya contó Público. 

No ha servido la defensa enardecida de su propuesta que tanto en febrero, como este miércoles ha protagonizado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha insistido en sus intervenciones en la Cámara Baja en los efectos nocivos que provocará la decisión de los populares incluso en las comunidades autónomas que ellos gobiernan.

El rechazo del PP obligará a esas autonomías, como a todas, a dedicar menos volumen de gasto a sus servicios públicos, toda vez que la senda en la que el Gobierno tendrá que basar los Presupuestos es más exigente con el reparto con las autonomías.

Las comunidades autónomas, de acuerdo con los cálculos que ha hecho el Ministerio de Hacienda, verán su Producto Interior Bruto (PIB) menoscabado en una décima parte. En cuanto a las diez comunidades que gobierna el PP, las pérdidas en global ascenderán a los 989,7 millones de euros.

1.500 millones menos de capacidad para las CCAA

El Ministerio de Hacienda ha insistido en ello en una nota que ha remitido al confirmarse el voto negativo del Partido Popular. En ella, concretan que las autonomías, en su totalidad, tendrán casi 1.500 millones menos de capacidad fiscal, mientras que los Ayuntamientos, a quienes también afecta el veto a la senda de déficit en el Senado, gozarán de 3.000 millones menos.

El Programa de Estabilidad que se remitió a Bruselas —en el que, de forma definitiva, se basarán las cuentas— recoge que el objetivo de déficit de la Administración Central se sitúa en el 3%, que las comunidades autónomas tendrán que alcanzar el equilibrio presupuestario (más estricto que la propuesta de Hacienda rechazada por el Partido Popular); las entidades locales, un superávit del 0,2% y la Seguridad Social, un déficit del 0,2%.