Era lo previsible y ha ocurrido: la mayoría absoluta del PP en el Senado ha tumbado este miércoles la senda de estabilidad –los objetivos de déficit y deuda– para el periodo 2024-2026, paso previo a los Presupuestos Generales del Estado. Eso obligará al Gobierno a presentar unos nuevos objetivos macroeconómicos y retrasará aún más la aprobación de las cuentas públicas de 2024.

El pleno del Senado ha rechazado la senda de estabilidad con 147 votos en contra de PP y Vox y 113 a favor de PSOE, Compromís, Geroa Bai, PNV, Junts, ERC, Bildu, BNG, CC y AHI. 

Ahora la senda de estabilidad será devuelta al Gobierno, al no volver al Congreso. Pedro Rollán, presidente del Senado, ha recordado que tras la votación que ahora el Gobierno tiene un plazo máximo de un mes para remitir un nuevo acuerdo "que se someterá al mismo procedimiento".

En caso de que los nuevos objetivos de déficit y deuda también sean rechazados, el Gobierno defiende que entrarán en vigor los enviados a Bruselas en abril, que son más estrictos con comunidades autónomas y ayuntamientos.

María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha apelado al voto favorable del PP a lo largo del debate en el Senado con el argumento que el rechazo de la senda de estabilidad a quien más perjudica es a las comunidades autónomas, gobernadas en su mayoría por el PP. 

"Quien está perjudicando a las comunidades autónomas es usted", ha respondido la portavoz del PP, Alicia García, que ha reiterado la negativa de su partido a lo que ha tildado de "hachazo fiscal" para "alimentar el hambre" de los socios del Gobierno.

Montero critica que el PP perjudica a las regiones

Montero ha aprovechado su intervención en el Senado para criticar la postura del PP, cuyo rechazo a la senda supone "perjudicar a comunidades autónomas y ayuntamientos" por intereses partidistas. "No tiene ni pies ni cabeza", ha resumido la ministra de Hacienda.

"En caso de que el PP persista en esa estrategia de obstrucción", ha explicado Montero, el Gobierno volverá a presentar la senda tal y como establece la ley de estabilidad y "si siguen bloqueándolo", se recurrirá a los objetivos incluidos en el programa de estabilidad de abril, que ya fueron avalados por la Comisión Europea.

Esto permitiría presentar el proyecto presupuestario de 2024 pese a que no hay objetivos de déficit aprobados en las Cortes, una posibilidad recogida, argumenta el Ejecutivo, en un informe de la Abogacía del Estado que no se ha hecho público y cuya existencia pone en duda el PP.

En caso de llegar a este extremo, los Presupuestos de 2024 sufrirían un retraso aún mayor del que ya acumulan, ya que la nueva senda tiene que pasar por el Congreso y el Senado, lo que impediría presentar las cuentas antes de finales de febrero o principios de marzo y en ese momento arrancaría la tramitación parlamentaria, que se suele extender durante unos tres meses.

Objetivo de déficit público del 3 % del PIB

El objetivo global de déficit público es del 3% del PIB para 2024 tanto en la nueva senda como en la remitida a Bruselas en abril, pero el reparto por subsectores de abril da menor flexibilidad a comunidades autónomas (equilibrio en lugar de una décima de déficit) y ayuntamientos (dos décimas de superávit en lugar de equilibrio).

La senda propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso prevé avanzar en la corrección del déficit público en 2025 (2,7% del PIB) y 2026 (2,5% del PIB). La deuda bajará al 106,3% del PIB en 2024, el 105,4% del PIB en 2025 y el 104,4% del PIB en 2026.

Junto a la senda de estabilidad, el Gobierno ha presentado el límite de gasto no financiero o techo de gasto para 2024, que no se somete a votación y que asciende, una vez incluidos los fondos europeos, a un máximo histórico de 199.120 millones de euros, un 0,5% más que en 2023.