La próxima inauguración de la marina para megayates en el puerto de Málaga, que depende del Estado, es una decisión que supone, para Ecologistas en Acción, poner "recursos públicos al servicio de grandes empresas para ofrecer servicios a grandes magnates".

La obra se adjudicó en 2019 a las empresas IGY y Ocean Capital Partners –uno de sus responsables está investigado en la operación Lezo contra la corrupción, que lleva la Audiencia Nacional, según ha publicado la revista El Observador– y al empresario malagueño Domingo de Torres, según recoge la propia web del Puerto de Málaga. La obra, que privatiza parte del puerto, cuenta con una superficie de agua de 41.484 metros cuadrados con la correspondiente superficie de tierra de 4.830 metros cuadrados, lo que supone una longitud de muelle de 770 metros. Se incluye, además, el edificio situado en la parte más al sur de la Farola, así como dos parcelas anexas. El conjunto total dispone de 745,27 metros cuadrados destinados a la recepción, registro, control y otros servicios complementarios para atender la demanda de esta actividad, según el Puerto de Málaga.

Para el urbanista Eduardo Serrano, el de la marina "es un tema parecidísimo al del rascacielos del puerto, la torre para hotel cuya promoción está pendiente de trámites en la Administración General del Estado".

"Se trata –prosigue– de espacios exclusivos para sectores privilegiados. Se ha limitado el uso de un espacio público, pueden disfrutar de privilegios, como el de disfrutar de vistas sensacionales sobre la bahía y la ciudad de Málaga desde el rascacielos (el acceso a ese extraordinario paisaje se privatiza de facto), previo pago de la habitación correspondiente, o disponer de esa franja del puerto, solo para tener ahí su yate".

El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio, manifestó cuando se produjo la adjudicación que el proyecto iba "a aportar un importante beneficio para el puerto y la ciudad, en relación con la generación de riqueza y empleo, así como la creación de puestos profesionales específicos". La previsión es, según el puerto, la creación de "un total de 809 puestos de trabajo sumando los empleos directos, indirectos e inducidos".

 Para la asociación ecologista, "sea cual sea el número final de empleos que se creen, está claro que la mayoría será de baja calidad: hostelero, que ya sabemos que en Málaga es igual a precariedad. Como siempre la economía de los dos territorios que explicaba Eduardo Galeano: uno la de los centros de poder, riqueza, finanzas y captación de beneficios y recursos y el otro el subalterno que una vez más recae sobre los y las malagueñas, el de abastecer, servir, poner nuestros recursos, nuestro sudor y ver poco dinero".

El arquitecto Serrano profundiza en las implicaciones de la marina, que considera la punta del iceberg de un modelo: "Hay –argumenta el urbanista– toda una serie de medidas encaminadas a hacer de esta ciudad un lugar de excelencia para un segmento de la población ínfimo: no hay casi nadie en esta ciudad que pueda pagarse una noche en ese hotel en el centro de la bahía o aparcar su embarcación en el puerto para megayates. En definitiva, se pone a la venta el disfrute de lo que esta ciudad ha construido durante siglos, de un bien común, un legado que es para uso y disfrute de toda la población, y que a su vez debe enriquecerse y preservarse para las futuras generaciones".

"A su vez –agrega– ellos son objeto de la mirada del resto de la población, de los que no pueden permitirse esos lujos y esos favores excepcionales que la Administración Pública les concede, poniendo una valla y con ella un mensaje: «lo verás, pero no lo catarás». Hay un juego de miradas y de poderes, se trata del espectáculo del poder. Sin embargo va más allá de un juego de apariencias y de distribución de las miradas, porque no solo tiene un valor simbólico, muy importante para el proyecto de ciudad que el ayuntamiento tiene en marcha, pues los rendimientos económicos son importantes".

Añade el especialista: "Se trata de una puerta de lujo a Málaga, induciendo el interés hacia el acceso a propiedades, hoteles, pisos de lujo, etc., en la ciudad o bien en su entorno cercano, es una estrategia muy conocida. Es parte de una política demográfica: sustituir la población residente de menos ingresos por otra de alto estatus pero completamente desvinculada de Málaga, que viene aquí unos cuantos días al año, que no tiene relación con la ciudad, que está descomprometida y le importa muy poco la población local. Facilitar el acceso a un segmento de los muy ricos, ese 1% que pueden disponer de un yate y el coste que supone su mantenimiento. Otro ejemplo es el de los nómadas digitales, toda una estrategia de atracción con ofertas inmobiliarias específicas, lo que encarece el precio del suelo y de las viviendas, provocando en ese lugar y en su entorno urbano cercano el abandono de viviendas y barrios y los correspondientes procesos gentrificadores".

Una valla 

El proyecto cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Málaga, en manos del PP, aunque se hayan aprobado mociones contrarias al levantamiento de una valla que reveló de un plumazo la realidad del proyecto. Una de las mociones, presentada por Unidas Podemos, recoge de hecho lo siguiente: "Las vallas, verjas, muros y barreras, en lugar de desaparecer, van en aumento de la mano concesiones que implican una privatización masiva y abusiva de los espacios públicos y suelo del Puerto de Málaga".

"Uno de los principales objetivos del Plan Especial del Puerto de Málaga –prosigue el escrito de UP, aprobado en Pleno– era conseguir la permeabilidad total entre el recinto portuario y la ciudad. En definitiva, ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de acercarse al mar. En esta lógica, no tiene sentido realizar ninguna separación ni limitación de acceso, ni instalar ninguna valla, ninguna verja, ningún muro, ni ninguna barrera". Según la moción, se ha llegado incluso a jugar "con la ilusión de la gente, para que ingenuamente pensara que ese espacio iba a ser de acceso público y que se podrían hacer selfis con los yates".

"Lo ha dicho claramente el alcalde [Francisco de la Torre, PP] –reflexiona Serrano–: si hay mucha gente que no puede pagar el acceso a la vivienda es porque no tienen la formación necesaria para el tipo de trabajo que sí da los ingresos suficientes. Pero sí lo pueden pagar ciertos estamentos sociales, pertenecientes a una población flotante global de altos ingresos y deseosa de disfrutar de las bondades del clima y los paisajes de esta ciudad, también de infraestructuras de transporte a larga distancia, el aeropuerto y el puerto mismo, así como de espacios urbanos que paulatinamente se van acomodando, mediante inversiones públicas, a las expectativas de esa gente".

"En sí –remacha Serrano– esto no tendría que ser problemático si el fenómeno fuera puntual, pero sí lo es cuando es masivo y está sistemáticamente favorecido por el ayuntamiento. Se ha optado por un lanzamiento de esta ciudad al, así llamado, tablero competitivo de las ciudades, que en el caso de Málaga no se basa en la economía productiva de la ciudad, sino en la economía rentista del suelo y la extractivista del turismo. Pasa lo mismo con la oferta cultural, que es pieza esencial en esta estrategia, pues es una cultura de exhibición y enfocada al turismo, obras casi siempre del pasado, con una inversión muy fuerte en los museos, lo que tampoco es malo, pero que desatiende o incluso rechaza escandalosamente a la cultura viva de la ciudad".

Así lo expresó la Autoridad portuaria en un comunicado emitido hace un año y unos meses: "Los huéspedes de IGY Marina Málaga podrán aprovechar la proximidad a los restaurantes, bares y tiendas locales, así como a la playa ubicada a tan solo 200 metros del puerto deportivo. La cultura local y la visita a los numerosos lugares históricos o la posibilidad de jugar a golf en alguno de los más de 100 campos de los que Andalucía dispone forman parte, sin duda, de otro de los atractivos de esta Marina".