El anuncio del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo de implantar de forma inmediata una serie de medidas para disuadir a las mujeres que no quieran continuar con su embarazo, tales como escuchar el latido fetal o una ecografía 4D ha levantado de sus asientos a la oposición en pleno.

El propio Luis Tudanca, secretario general del PSOE en la comunidad, ha asegurado que el presidente Mañueco ha metido a Castilla y León "en un túnel del tiempo. Vamos hacia atrás, volvemos a los tiempos del No-Do y ahora se ha producido otro ataque para los derechos y libertades de las mujeres en Castilla y León".

Tudanca ha subrayado ante esta noticia que el verdadero problema en Castilla y León "es para las mujeres que quieren abortar porque solo hay dos hospitales públicos que lo hagan. El 97,5% de las mujeres tienen que interrumpir voluntariamente su embarazo fuera de su ciudad, fuera de su hospital de referencia o en una clínica privada".

El socialista ha denunciado, además, que "no hay un problema con los médicos objetores, no lo hay. Hay un problema para ejercer el derecho de las mujeres en esta tierra. Pretenden encima trasladar la sensación de que las mujeres que quieren ejercer su derecho tienen un problema de salud mental". Y ha lamentado que, en esta comunidad, desde la llegada de Vox al Gobierno, "vamos de escándalo en escándalo, somos el hazmerreír de toda España".

Pablo Fernández, portavoz de Unidas Podemos en las Cortes, ha apuntado para Público que estas medidas "únicamente van a generar más situaciones de dolor y sufrimiento a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo".

"Las mujeres de Castilla y León no necesitan la tutela de Vox ni de nadie, son medidas que nos hacen retroceder décadas atrás y que incluso pudieran llegar a ser susceptibles de aplicar el Código Penal, que castiga la obstaculización del derecho al aborto".

Para la formación morada, ésta es "una nueva muestra más de la ideología retrógrada y reaccionaria de Vox, que se ensaña especialmente con las mujeres y coarta su libertad. Esta es la moderación de Feijóo, gobernar con la ultraderecha que impone su deleznable agenda ideológica que restringe la libertad de las mujeres".

En este mismo sentido se ha mostrado, Francisco Igea, portavoz de Ciudadanos y médico de profesión, que ha asegurado que éste es  "un episodio nuevo de machismo e imposición moral de nuestro vicepresidente y el Gobierno de Vox, porque el presidente actualmente es una maceta". Además, ha subrayado que son "decisiones que entrañan cierto peligro legal porque el Código Penal ya tipifica como delito el acoso y molestia a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo".

De este modo, Igea ha anunciado que desde Ciudadanos han preparado una batería de preguntas para el consejero de Sanidad por medio de las cuales quieren saber "con qué profesionales lo han valorado y si es compatible con la ley actualmente en vigor porque la Junta no puede sortear la ley", entre otras.

Los sindicatos también levantan la voz contra Vox

Los sindicatos también han levantado la voz al respecto. De este modo, la secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT Castilla y León, Victoria Zumalacarregui Suárez, ha rechazado tajantemente las nuevas medidas anunciadas por el gobierno autonómico para los procesos de interrupción voluntaria del embarazo porque, con ellas, "asistimos a un nuevo ataque intolerable e inadmisible a los derechos de las mujeres de esta comunidad autónoma", en palabras de la secretaria.

La crítica desde UGT es contundente: "Todas las medidas acordadas en el Consejo de Gobierno, que implican y comprometen a las personas profesionales sanitarias, con la complicidad e implicación de la Consejería de Sanidad, no son más que un conjunto de trabas para impedir ejercer este derecho a las mujeres que, en libertad y criterio propio, toman sus propias decisiones". Para Zumalacárregui, "es inaudito y un atraso terrible que atenta contra los derechos humanos de las mujeres castellano y leonesas; un paso más de extrema gravedad que viene a formar parte de la política reaccionaria, negacionista y ultraderechista del que se ha contagiado la Junta de Castilla y León".

También se han mostrado muy críticos desde la organización sindical con el principal partido del gobierno de coalición: "No es entendible que el PP se preste a esta afrenta contra las mujeres, una vez más. No es posible entender que no haya presupuesto para luchar contra la Violencia de Género, o para proteger a las mujeres víctimas y sus familias incluso, y sí exista presupuesto para financiar medidas absolutamente perversas y dañinas para las mujeres embarazadas, que son ahora tomadas por enfermas mentales porque deciden ejercer su derecho, y llevar a término su decisión".

Rosa Valdeón: “Lo que está haciendo es cruel”

La que fuera vicepresidenta del Gobierno popular de Castilla y León y actual médico en activo de profesión, Rosa Valdeón, ha sido muy crítica con García-Gallardo: "Las mujeres somos muy conscientes no necesitamos que nos pongan muestras tipo 'Epi y Blas'. Sabemos lo que es un latido cardiaco y con ver una ecografía es suficiente. Hay que recordar al vicepresidente que la interrupción del embarazo está suficientemente reglada y garantista ahora mismo como está", asegura.

"En el propio proceso ya hay una información previa y se facilitan unos documentos de los médicos, hay un consentimiento informado… no hay que concienciar más porque es un proceso lo suficientemente garantista. Lo que pasa es que Vox busca dificultar, culpabilizar, hacer más difícil una situación… y esto es crueldad. Cuando un proceso es garantista y está bien hecho y tú quieres añadir motu propio algo a la ley que no es necesario, lo que estás haciendo es cruel", subraya Valdeón.

"En mi trabajo es uno de los aspectos que trato. Como médico veo a muchas mujeres que van a interrumpir su embarazo. En muchos casos porque no lo desean por las circunstancias que sean y esas mujeres ya van lo suficientemente concienciadas y doloridas como para que alguien encima les haga cuestionarse lo que van a pasar y esto lo digo con especial ahínco", reconoce.

"Luego hay otros aspectos como añadir una prestación que no existe en la sanidad pública y que no es necesaria asistencialmente como es una ecografía en 4D, el asesoramiento del ginecólogo, o la asistencia de psicología clínica (que resulta que no tenemos psicólogos clínicos para otras patologías en la Sanidad Pública) es desviar recursos públicos y eso es prevaricar", denuncia la galeno zamorana.

"Y me voy a hacer una demagoga como él: Si quiere salvar una vida, que proteja a las mujeres víctimas. Probablemente, con dejar de ignorar la violencia de género salvará muchas más vidas. Lo que están haciendo no es política, son fundamentalistas que lo que hacen es coartar la libertad de las mujeres. Sectas como Hazte oír que adoctrinan y están catalogadas como tal", añade la ex consejera popular.

"Lo que siento de verdad es que haya políticos que consientan esto, como es el Gobierno del PP. Espero que la Consejería de Sanidad sea seria y esto haya sido un bluf y no se llegue a materializar", finaliza.