Hace más de una década se presentó ante la sociedad catalana lo que se conoce ahora como Hard Rock (con el nombre inicial de BCN World), con la idea de que el macrocomplejo de ocio y juego del Camp de Tarragona estuviera terminado en 2016. Desde entonces, el proyecto ha acumulado reformulaciones, atrasos, golpes judiciales y una fuerte oposición ciudadana y política que han provocado que hoy no haya empezado a construirse. De hecho, ni siquiera está aprobado el plan directivo urbanístico (PDU) que lo tiene que hacer posible, y cada vez hay más dudas sobre que el Hard Rock se llegue a materializar.

Ahora bien, esto no impide que el proyecto siga teniendo impacto en la política catalana, hasta el punto de que ahora mismo es el elemento clave en la negociación de los Presupuestos del Govern de este 2024. En Comú Podem exige al Govern que pare la tramitación del PDU si quiere su apoyo a las cuentas, mientras que el Ejecutivo ha asegurado que el proyecto sigue adelante, lo que comporta a su vez dar cumplimiento a una exigencia del PSC, con quien ya ha cerrado un acuerdo presupuestario. ERC, por su parte, ha reconocido a través del mismo Pere Aragonès que el Hard Rock "no le entusiasma". Repasamos las principales cuestiones alrededor del proyecto.

La réplica al fallido Eurovegas

El 7 de septiembre de 2012, en medio de una enorme crisis económica, el Govern de la Generalitat que presidía Artur Mas presentó en rueda de prensa un macroproyecto llamado BCN World. Su ubicación correspondería a unos unos terrenos entre Vila-seca y Salou, propiedad de CaixaBank y justo al lado del parque temático Port Aventura.

Lo hizo acompañado justamente de Isidre Fainé, el factótum de la entidad financiera, y del empresario valenciano Enrique Bañuelos. Entonces era líder de la empresa Veremonte y también era conocido por la monumental quiebra que unos años atrás había protagonizado la inmobiliaria Astroc, un grupo que se había hinchado enormemente en la época de la burbuja del ladrillo.

El BCN World era la réplica a Eurovegas, el proyecto que el magnate estadounidense Sheldon Adelson quería impulsar en el Estado español, después de que este finalmente se decantara por Madrid en detrimento de Barcelona -lo quería construir en el delta del Llobregat-. El tiempo convertiría Eurovegas en humo, pero esto ya es otra historia.

Las dimensiones de la apuesta de Bañuelos comprada por el Govern de Artur Mas eran colosales: un complejo con seis parques temáticos, en cada uno de los cuales habría un centro comercial; un centro de convenciones, un casino, un teatro y un hotel. En total, una superficie de 1,5 millones de metros cuadrados, 12.000 habitaciones, la promesa de crear 20.000 puestos de trabajo y una inversión prevista de 4.700 millones.

Aquel septiembre de 2012, Bañuelos confiaba en poner la primera piedra en un plazo de entre "12 y 18 meses", y que el complejo estuviera terminado en 2016. Para facilitar la puesta en marcha del proyecto, dos años después, en 2014, el Parlament aprobó una ley que rebajaba la fiscalidad a los casinos, piedra angular del complejo. En concreto, con el apoyo de CiU -en el Govern- y el PSC se establecía que cuando el complejo se pusiera en marcha, el tributo se rebajaría del 55% al 10%. Un cambio legal que los comuns quieren revertir.

Reformulación del proyecto y entrada de Hard Rock

El proyecto se fue reformulando y Veremonte -la empresa de Bañuelos- salió de él a principios de 2015. El año anterior, el Parlament había aprobado la ley del Consorcio Recreativo y Turístico (CRT) de Vila-seca y Salou, y en 2016 la Comisión de Urbanismo del Camp de Tarragona dio luz verde al plan urbanístico, el PDU.

A partir de aquí, el Govern abrió el proceso de ofertas para gestionar el complejo, al que finalmente solo optó la norteamericana Hard Rock, a quien se le adjudicó la licencia en julio de 2017. Esto provocaría el cambio de nombre del complejo, que pasaría a denominarse Hard Rock Entertainment World -popularmente solo Hard Rock-.

En estos cinco años, las magnitudes del proyecto ya se habían reducido sustancialmente y el PDU limitaba el conjunto del complejo a 700.000 metros cuadrados. Los edificios tendrían una altura máxima de 75 metros -en vez de 90-, y se pasaría de seis a un solo casino. En concreto, el Hard Rock contempla dos hoteles -uno con 600 habitaciones y otro con 500-, un casino con 1.200 máquinas tragaperras y 100 mesas de juego, una piscina de 6.000 metros cuadrados, una zona comercial con hasta 75 tiendas y un recinto con capacidad para 15.000 personas para conciertos y espectáculos.

La inversión inicial prevista bajaría a unos 700 millones y la generación de ocupación seria de 11.500 puestos de trabajos, eso sí, sumando los directos e indirectos. Pese a la reducción de las magnitudes -aprobadas bajo la presidencia de Carles Puigdemont y con el líder de ERC, Oriol Junqueras, como vicepresidente y conseller de Economía-, si saliera adelante tal como está planteado el Hard Rock, sería uno de los casinos más grandes de Europa.

Golpe judicial e informes contrarios

La tramitación del Hard Rock se paró en septiembre del 2020, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) declaró parcialmente nulo el plan director urbanístico (PDU) . En una sentencia que sería ratificada tres meses después -la Generalitat no presentó recurso- el tribunal tumbó el plan por el "riesgo de accidentes químicos" a causa de la proximidad de una parte de los terrenos del complejo con el polígono químico de Tarragona. El TSJC resolvió a favor del recurso contencioso-administrativo presentado por la plataforma Aturem Hard Rock y la entidad ecologista Gepec.

La sentencia obligaba a modificar el PDU y a llevarlo nuevamente a aprobación de la comisión de urbanismo, pero desde entonces el proceso se ha complicado y se ha ido aplazando, con varios informes desfavorables. En octubre de 2022, el Departament de Acció Climàtica emitió un informe desfavorable sobre el proyecto que detuvo la tramitación. En concreto, el documento indicaba que no se cumplían los criterios de sostenibilidad ambientales requeridos, al faltar concreción en las "compensaciones ambientales y de garantía de conectividad ecológica" de la zona.

El informe ambiental favorable es necesario para que la comisión de Urbanismo pueda validar definitivamente el PDU y el plan se ha sometido a varios cambios a la espera que el Departament de Acció Climàtica se vuelva a pronunciar. El nuevo informe se hará público "en las próximas semanas", según ha comentado recientemente el conseller, David Mascort. En paralelo, el Departament de Empresa, a través de la dirección general de Industria, también alertó hace unos meses que el proyecto sigue sin cumplir los requisitos para evitar riesgos en caso de accidente químico.

La oposición constante de la plataforma ciudadana

Mientras que partidos como el PSC y Junts -previamente CiU- siempre han defendido lo macrocomplejo de ocio y juego, la CUP y En Comú Podem siempre lo han rechazado. A nivel social, el tejido empresarial tarraconense también se ha mostrado favorable, y la oposición la ha liderado la plataforma Aturem Hard Rock -previamente Aturem BCN World-. La entidad ya ha anunciado que si, finalmente, se aprueba un nuevo PDU lo volverá a llevar a los tribunales, con la esperanza de pararlo o, como mínimo, generar un nuevo aplazamiento que complique su materialización.

Además, Aturem Hard Rock también denuncia que ya "no es vigente" el contrato de compraventa de los terrenos donde está planteado el proyecto, porque "se han incumplido las cláusulas temporales". El contrato establecía que en un primer momento CaixaBank traspasaría los terrenos al Govern -a través del Institut Català del Sòl (Incasòl)- por unos 120 millones y, posteriormente, este los vendería a Hard Rock.

A pesar de que el Govern había asegurado que el intercambio sería inmediato, el diario Ara reveló que no sería así. De hecho, la compañía norteamericana no abonaría el importe de golpe, sino que lo haría en tres plazos, de forma que para llevar a cabo la operación inicialmente se tendrían que avanzar dinero público.

Además, la plataforma también cuestiona la vigencia de la licencia de casino, concedida por el Departament de Economía en 2017 y que para Aturem Hard Rock está caducada. Para la plataforma no se ha acreditado que la compañía tiene disponibilidad sobre los terrenos, según destapó la Directa, un hecho que llevó a la CUP a trasladar el expediente de concesión de la licencia a la Oficina Antifrau de Catalunya.

Más allá de las acciones judiciales, Aturem Hard Rock también ha impulsado manifestaciones contra el proyecto, alguna de las cuales ha reunido miles de asistentes. A nivel de argumentario, la entidad considera que el Hard Rock es un proyecto "especulativo" y a la vez "insostenible" a nivel ambiental, un hecho que se ha acentuado en el actual contexto de sequía. De hecho, según reconoció el Govern, el complejo tendría un consumo de casi 1,1 millones de metros cúbicos de agua anuales, lo que equivale al de una ciudad como Reus (Tarragona), de más de 100.000 habitantes. Unos argumentos que, a grandes rasgos, comparten CUP y Comuns.

Si se paraliza, ¿comportará una indemnización millonaria?

De entrada, si el informe medioambiental es favorable parece difícil que la comisión de urbanismo pueda rechazar la aprobación del proyecto. Dicho esto, varios responsables del Govern han manifestado los últimos días que la tramitación es un tema "técnico" y no una "decisión política" y que, en todo caso, paralizar la tramitación -como exigen los Comuns- comportaría afrontar una indemnización millonaria a Hard Rock. La razón esgrimida es que la compañía podría pedir "responsabilidad patrimonial", es decir, una compensación por los costes que haya tenido hasta ahora y por la expectativa de negocio que no podría llevar a cabo.

Ahora bien, en esto hay matices y visiones divergentes. Los contratos de compraventa de los terrenos firmados por el Incasòl con CaixaBank y Hard Rock no incluyen ninguna cláusula de indemnización por parte de la administración pública si la operación no se lleva a cabo. Además, resta por certificar la vigencia de la licencia de casino que recibió Hard Rock, por la cual depositó una fianza de 10 millones. La CUP la ha llevado a Antifrau, y los Comuns consideran, como la plataforma opositora, que la licencia no es vigente, de forma que no habría que indemnizar a la compañía si así fuera.

También podría suceder que, después de acumular atrasos y obstáculos, Hard Rock renunciara al proyecto, un hecho que insinúan algunos medios. De hecho, habría comunicado al Govern que ahora mismo no dispondría de la financiación necesaria para ponerlo en marcha -unos 700 millones- y que solo la buscaría si se aprueba el PDU.