Pedro Sánchez y su Gobierno han sacado pecho en muchas ocasiones por el gran número de iniciativas parlamentarias, más de 200, sacadas adelante durante los últimos cuatro años. La coalición progresista no perdió ninguna votación relevante. La composición del Congreso ahora ha cambiado. Y a las primeras de cambio, PSOE y Sumar se enfrentan a unas negociaciones que se llevarán al límite para salvar sus primeros decretos. 

Moncloa y Ferraz reconocen que las conversaciones con Junts o Podemos podrían alargarse hasta poco antes de las votaciones en la Cámara Baja. En realidad, este miércoles el Pleno para convalidar los tres decretos será en el Senado, por obras en el Congreso. La sesión plenaria comenzará a las 9.00 horas y las votaciones no serán hasta bien entrada la tarde noche. La incógnita, salvo sorpresa, será la protagonista de la jornada. 

Los socialistas han mantenido contactos este martes, según confirman las fuentes consultadas, tanto con Podemos como con Junts. Lo harán hasta que sea posible, insisten estas fuentes. "Se van a aprobar los decretos y tenemos la confianza absoluta", señalan con firmeza fuentes de Moncloa. 

Lo que no está claro es cómo lo conseguirán. El partido del expresident de Catalunya, Carles Puigdemont, mantiene sus posiciones. La principal reclamación de Junts es que el Gobierno retire los decretos y los vuelva a presentar una vez negociados, y pactados, con su partido. Consideran en la fuerza política catalana que hay aspectos que perjudican la ley de amnistía e invaden competencias. 

El PSOE no va a retirar los decretos bajo ningún concepto. Tampoco confirman en las filas socialistas una solución como presentarlos después mediante proposiciones de ley, que permitiría enmiendas de los grupos. Por eso, la opción que parece más plausible es ofrecer alguna contrapartida posterior fuera de estos decretos. 

En este sentido, lo único que ha trascendido por parte de Junts es la exigencia de que se sanciones a las empresas que se fueron de Catalunya como consecuencia del 'procès' y que no vuelvan ahora. Moncloa evitó conscientemente definir de forma clara su opinión al respecto. Pero en el PSOE reconocen que el asunto está encima de la mesa en las conversaciones para facilitar la vuelta de estas empresas. 

Desde el equipo de Sánchez ponen en valor que Junts no tiene argumentos sólidos para tumbar unas medidas que, como en el caso de la revalorización de las pensiones, son beneficiosas para su electorado. "En Catalunya también hay pensionistas", señalan fuentes consultadas.

Del mismo modo recuerdan que el Govern, en manos de ERC y también interesado en la ley de amnistía, ha asegurado que no hay riesgos y que tampoco hay conflictos competenciales en esos decretos. Incluso han mencionado un informe de los servicios jurídicos de la Generalitat catalana que lo corrobora. 

Recuerdan también que durante la pasada legislatura se vieron situaciones parecidas a esta, con negociaciones hasta el último minuto, incluso con las sesiones parlamentarias en marcha. Sánchez buscaba asegurar una primera imagen de estabilidad con la aprobación de una serie de medidas sociales transversales. Por ello, se aseguró el apoyo de grupos como PNV, EH Bildu o ERC antes de aprobar el decreto en el Consejo de Ministros. No lo consiguió con Junts. 

Tampoco con Podemos. La fuerza morada también ha querido marcar su perfil propio desde su salida de Sumar hacia el Grupo Mixto. Su principal crítica tiene que ver con la reforma de los subsidios por desempleo, incluida en uno de los decretos. Además ha condicionado su voto al decreto de medidas anticrisis a incluir límites al alquiler o los alimentos. 

La opción del PP, descartada

Mientras las puertas de Junts y Podemos siguen abiertas, según señalan en el Gobierno, la que se descarta casi por completo es la de recurrir al PP. Pese a los contactos de PSOE y Sumar, las posiciones están mucho más alejadas. Y en Moncloa consideran que los populares no tienen ninguna voluntad de negociar, al contrario, pese a las diferencias, de los otros partidos. "Feijóo no tiene actitud negociadora", señalan fuentes gubernamentales. 

Las condiciones que pone el PP para al menos abstenerse en el decreto anticrisis son básicamente bajar diferentes impuestos. Una vía que no parece que el Gobierno esté dispuesto a explorar. "Nos gustaría una actitud constructiva y responsable", señaló este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, sobre los populares. 

En definitiva, Sánchez se somete a la primera gran prueba de fuego para comprobar la estabilidad de la legislatura. "Hasta que quede tiempo, todo el mundo querrá figurar", señalan en el PSOE las voces más optimistas. Las más pesimistas destacan que el partido de Puigdemont quiere marcar bien los pasos desde el primer momento, como un aviso a navegantes para que se cumplan sus peticiones. Si es una cosa o la otra solo se sabrá este miércoles.