Una parte considerable del futuro de los ocho acusados de “terrorismo” por la pelea de bar en Altsasu está en manos de un hombre duro. El fiscal José Perals, quien esta misma semana solicitó elevadas penas de cárcel contra esos jóvenes bajo el argumento de que seguían consignas de ETA, actuó anteriormente en varios procedimientos contra reconocidos militantes y abogados de la izquierda abertzale. En cada uno de esos casos, el representante del Ministerio Público se alineó con la teoría del “Todo es ETA”, lo que también le ha valido para formular sus peticiones de prisión contra los imputados por la trifulca nocturna con dos guardias civiles en la mencionada localidad navarra.

“Desproporcionalidad” ha sido la palabra más empleada por los familiares de los acusados tras enterarse por la prensa de la contundente resolución presentada por Perals. En su documento, el fiscal solicita un total de 375 años de cárcel para los ocho vecinos de esa localidad navarra. La pena más elevada es contra Oihan Arnanz, de 21 años, a quien desea verle condenado a 62 años y medio de prisión. En los casos de los otros seis plantea 50 años de cárcel para cada uno, mientras que para la octava procesada reclama un castigo de 12 años de reclusión.

El fiscal considera que todos ellos deben ser condenados por delitos terroristas, un concepto que ya había empleado en reiteradas ocasiones. De hecho, Perals intervino en el procedimiento seguido en la Audiencia Nacional contra tres organizaciones políticas de la izquierda independentista: Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV). Esta última formación luchó activamente en defensa de la República y contra la sublevación franquista durante la Guerra Civil. Tras sobrevivir a la larga noche de la dictadura, acabó ilegalizada en 2008 por el Tribunal Supremo, acusada de querer convertirse en la heredera de la también prohibida Batasuna.

Aquel fue uno de los primeros “megacasos” en los que actuó Perals tras su llegada en 2011 a la Audiencia Nacional de la mano del Fiscal General del Estado en la última etapa del PSOE, Cándido Conde-Pumpido. También intervino en el juicio contra los acusados de pertenecer a la dirección de Ekin, una organización que la Audiencia Nacional situó en el interior de ETA. Lo mismo ocurrió con los protagonistas (involuntarios) de otro de sus expedientes estrella: el grupo de abogados de presos abertzales, al que Perals también atribuyó actividades “terroristas”.

Una de las principales acusadas en ese procedimiento, la abogada Arantza Zulueta, había tenido un papel muy activo en los primeros pasos dados por el denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, por sus siglas en euskera) a favor del proceso de paz. Sin embargo, la letrada fue enviada a la cárcel de manera preventiva y pasó más de tres años en aislamiento. Hoy está en la calle contra la voluntad de Perals, quien se opuso a su puesta en libertad e intentó sin éxito que volviera a prisión.

El fiscal también se mostró muy duro con los tres jóvenes de Pamplona que fueron juzgados en 2015 por pegar carteles contra la dispersión de presos en las “cárceles de exterminio españolas”, una expresión que no gustó nada al representante del Ministerio Público. A su juicio, sus autores estaban justificando el terrorismo y ensalzando “la conducta o actitud del preso de ETA”. Sin embargo, finalmente fueron absueltos. Lo mismo ocurrió con el abogado Arkaitz Terron, a quien Perals quería ver preso por una serie de mensajes publicados en Twitter referentes a la Corona, Carrero Blanco o la extrema derecha, entre otros.

Otro de los casos polémicos que llegaron a sus manos fue el “Cerco al Parlament” de Catalunya, ocurrido el 15 de junio de 2011. En ese caso, el fiscal pidió penas de prisión contra los 19 acusados, que fueron absueltos en una primera instancia por la Audiencia Nacional. Sin embargo, el Tribunal Supremo acabó condenando a ocho de ellos en 2015.

Del 11M a Neymar

Más allá de estos procedimientos, su intervención más mediática estuvo bastante alejada del mundo de la política o la protesta social. De hecho, su nombre apareció en varias ocasiones en los principales periódicos deportivos del país, y no precisamente porque militase en algún equipo: el fiscal ha tenido un papel protagónico en la investigación sobre el fichaje fraudulento del futbolista Neymar por parte del Barcelona. De hecho, pidió dos años de cárcel para el citado deportista y otros cinco para el ex presidente del equipo catalán, Sandro Rossell, así como dos años para el padre del jugador y uno para la madre.

Antes de manejar estos peliagudos asuntos en la Audiencia Nacional, Perals había ejercido como fiscal Antidrogas en Asturias entre 2004 y 2011. En la recta final de su gestión estuvo a cargo de la Operación Pípol, dirigida contra los miembros de la trama asturiana del 11-M. Luego saltó a Madrid, donde empezó su carrera en la Audiencia Nacional. Tras permanecer casi seis años en “comisión de servicio”, el Consejo de Ministros aprobó su designación como fiscal de la Audiencia Nacional en el Consejo de Ministros del pasado 24 de febrero. Exactamente 130 días después, Perals hizo públicas sus duras peticiones de cárcel contra los jóvenes de Altsasu.