El Consell de Garanties Estatutàries (Consejo de Garantías Estatutarias, CGE) ha dictaminado por unanimidad que utilizar el mecanismo de lectura única para aprobar en un solo día las leyes de desconexión que impulsan JxSí y la CUP vulnera el Estatut y la Constitución.

El órgano consultivo se ha pronunciado este jueves sobre la legalidad de la lectura única después de que PSC y C's solicitaran un dictamen sobre este mecanismo, hasta ahora reservado para el Govern y que permite aprobar leyes exprés.

El CGE ha avalado que cualquier grupo pueda recurrir a la lectura única como piden JxSí y la CUP, pero exige que se reserve a casos cuya "simplicidad" y consenso lo permitan, algo que no ocurre en las leyes independentistas como la del referéndum anunciado para el 1-O. La reforma del reglamento que han hecho ambos grupos no recoge este precepto y por ello vulnera el artículo 23 de la Constitución que recoge el derecho a la participación política.

El órgano consultivo también recuerda que en la lectura única también se deben seguir los trámites de las iniciativas legislativas habituales, que estipulan que la Mesa debe proceder a la admisión para publicarla posteriormente y dar oportunidad a los grupos de pedir dictámenes al CGE.

En el dictamen se señala que la lectura única "no resulta procedente para la tramitación de leyes de contenido sustantivo complejo, ni para la innovación significativa de un sector del ordenamiento jurídico o para la reforma estructural del sistema institucional". Y añade que tampoco "sería una opción demasiado adecuada en casos de elevada sensibilidad social o política de la materia en las cuales se da una evidente falta de consenso mínimo entre las fuerzas parlamentarias", tal y como ocurre con el proceso independentista.

"Consideramos que la tramitación en lectura única ha de ser utilizada de forma excepcional", para la aprobación de iniciativas legislativas que no requieran de un extenso proceso deliberativo, subraya.

Este dictamen se alinea con la tesis defendida por los letrados del Parlament, que en un informe reciente cuestionaron la reforma del reglamento porque no genera consenso entre los grupos y podría vulnerar las "minorías parlamentarias". Aun así, los pronunciamientos del CGE no son vinculantes, como ya se demostró con su informe contra la partida del los Presupuestos de la Generalitat referida al referéndum: el órgano la declaró inconstitucional realizar esta consulta sin autorización del Estado pero se tramitó y aprobó.