La causa judicial sobre los ERE en Andalucía está a punto de llegar a otro hito de su recorrido. Once años después del inicio de las diligencias, se prevé que en los próximos días –o incluso este martes– se conozca la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre este procedimiento.

Las penas de los condenados por este caso, entre ellos los expresidentes socialistas de la Junta andaluza Manuel Chaves y José Antonio Griñán, van desde los seis y casi ocho años de cárcel para nueve de ellos a la inhabilitación por prevaricación de los otros nueve, algo sobre lo que se pronunciará el TS.

La investigación judicial de la macrocausa arrancó en 2011 en el Juzgado 6 de Sevilla y la primera instructora fue la magistrada Mercedes Alaya, quien fue cuestionada por su forma de dirigir la investigación. A raíz  de su ascenso a la Audiencia Provincial, Alaya fue sustituida por María Núñez Bolaños, quien tampoco ha estado al margen de críticas y fue finalmente reemplazada por el juez José Ignacio Villaplana.

La jueza Alaya abrió diligencias el 19 de enero de 2011 a raíz de las presuntas irregularidades en un ERE en Mercasevilla que derivó en indicios de un fraude más amplio en ayudas de la Consejería de Empleo a empresas en crisis.

En ese procedimiento se investigaba la grabación de los empresarios del Grupo La Raza de Sevilla a dos altos cargos de Mercasevilla que les solicitaban el pago de 450.000 euros para la concesión de una escuela de hostelería.

La grabación cayó en manos de Alaya, que imputó al delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas. La magistrada indagó también en otras empresas, además de en Mercasevilla, sobre la posibilidad de que hubiera intrusos en los ERE: personas que cobraban ayudas y que, en muchos casos, ni siquiera habían trabajado en las sociedades que las recibieron.

El 9 de enero de 2012 Juan Francisco Trujillo, exchófer del director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, dio un giro al caso al afirmar que parte de las ayudas que recibió se destinaron a pagar "cocaína, fiestas y copas". En su declaración ante Alaya, Guerrero implica a "todo" el Gobierno de la Junta en la trama de los ERE, al asegurar que conocían el "fondo de reptiles", y el 10 de marzo de 2012 se convierte en el primer imputado que ingresa en prisión.

Guerrero fue el gran protagonista del caso de los ERE y sus declaraciones fueron clave para que la jueza instructora pudiera argumentar un fraude millonario en los fondos destinados a la creación de empleo y que se desviaron para otros fines.

El 27 de agosto de 2013, José Antonio Griñán, que insistió en todo momento en su inocencia, dimitió como presidente de la Junta de Andalucía y fue sustituido por Susana Díaz. Un mes después, Alaya "preimputó" a Griñán y al también expresidente de la Junta, Manuel Chaves, además de a los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo. La imputación se produjo el mismo día en el que tomó posesión el Gobierno de Susana Díaz.

En febrero de 2017, la Audiencia de Sevilla confirmó el procesamiento de Chaves y Griñán. El  tribunal argumentó que el primero conocía el uso inadecuado de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas y que Griñán era "consciente de las vulneraciones patentes y groseras" que se estaban cometiendo.

Largo procedimiento

El 13 de diciembre de 2017 arrancó el juicio por el "procedimiento específico" contra los 22 ex altos cargos con la agotadora lectura de los escritos de acusación del fiscal y de las acusaciones populares del PP y del pseudo-sindicato de extrema derecha Manos Limpias. 

La vista oral finalizó el 17 diciembre de 2018 y casi un año después, el 19 de noviembre de 2019, se comunicó la sentencia. 19 de los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados en la pieza política de los ERE fueron condenados por la Audiencia de Sevilla, entre ellos los expresidentes Griñán, con seis años de cárcel y quince de inhabilitación, y Manuel Chaves, con nueve años de inhabilitación.

El 4 de mayo de 2022, el Supremo celebró la vista por los recursos contra ese fallo. La resolución del Tribunal está a punto de conocerse.