La jornada de este jueves se presume convulsa en Bruselas. Por un lado está la sigilosa visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que pisará las instituciones europeas tras seis intervenciones por videoconferencia. Su presencia ha provocado la activación de un sinfín de protocolos y casi consigue eclipsar por completo dos de los temas más ácidos que los 27 Estados miembros tienen en su agenda para esta cumbre extraordinaria: detallar las medidas para impulsar la industria verde en Europa y concretar una política migratoria común que refuerce los controles fronterizos.

La Unión Europea parece dispuesta a comprar un discurso que crece a la sombra de los idearios ultraderechistas que promueven Hungría, Italia o Polonia. A estas posturas se suman ahora las exigencias de otros ocho países, que piden aumentar la financiación para proteger las fronteras exteriores y reducir el número de solicitantes de asilo. 

Los mandatarios de Dinamarca, Suecia, Grecia, Letonia, Eslovaquia, Malta, Estonia y Lituania han enviado una carta conjunta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo, Charles Michel. En la misiva aseguran que "el actual sistema de asilo está roto", lamentan el aumento de las llegadas y piden agilizar las deportaciones. Además, recuperan el viejo debate de los traficantes de personas.

Este alegato antimigratorio criminaliza el trabajo de las ONGs que operan en el Mediterráneo y reclama acuerdos con los países de origen y tránsito para regular el asunto. Además, vuelve a poner sobre la mesa el papel de los muros que "protegen a Europa y frenan la inmigración irregular", tal y como expresó el primer ministro húngaro, Víktor Orbán. En el escrito los firmantes sugieren la necesidad de aumentar los fondos para levantar este tipo de vallas y reducir los flujos.

Con estos movimientos, la UE respalda uno de los discursos más duros y divisorios sobre migración que se recuerdan. La construcción de muros con dinero público, una polémica tan vieja como poco moral, sigue suscitando serias dudas legales. "La situación es preocupante y requiere atención política urgente", señalan los ocho países en la carta, para luego poner el foco en la frontera que separa Turquía y Bulgaria, puerta de entrada en la ruta de los Balcanes, cuyos datos aumentaron el año pasado en un 150%.