Luisa González, la candidata a la Presidencia de Ecuador por Revolución Ciudadana, el movimiento que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), aseguró que desde este viernes se ha visto obligada a reforzar su seguridad por un presunto plan de atentar contra ella.

González, que compite en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales contra el joven empresario Daniel Noboa, realizó este viernes una serie de visitas en la provincia de Imbabura protegida con un chaleco antibalas.

Hasta ahora, la candidata del correísmo se negaba a utilizar el chaleco antibalas, algo que varios contendientes sí habían hecho en la primera vuelta tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, acribillado el 9 de agosto a la salida de un mitin político celebrado en Quito.

González explicó que aceptó finalmente ponerse un chaleco antibalas después de que el jueves fuese detenido un hombre en Quito en posesión de armas que, según dijo presuntamente en su declaración, las iba a entregar para un atentado contra ella.

"Me he visto en la obligación de usar chaleco antibalas y de aceptar el ofrecimiento del Gobierno de que las Fuerzas Armadas me brinden seguridad", detalló González sobre la decisión del Ejecutivo de que militares escolten a los dos candidatos que se disputan la Presidencia en la segunda vuelta.

"Esto no es contra una candidata, es contra la democracia"; dijo también la candidata en un mensaje publicado en redes donde aseguró que la democracia en Ecuador "está herida de muerte".

El ministro del Interior, Juan Zapata, y la Policía Nacional señalaron que se encontraban verificando e investigando lo declarado por el detenido.

Noboa fue uno de los primeros candidatos en ponerse el chaleco antibalas luego del asesinato de Villavicencio, ya que había recibido amenazas de muerte similares a las que recibió el asesinado postulante días antes del crimen.

La violencia se dispara en Ecuador

Estas elecciones extraordinarias de Ecuador se celebran bajo una creciente ola de violencia que se disparó en el país desde hace unos tres años, atribuida por las autoridades a las bandas criminales que operan en el país, dedicadas principalmente al narcotráfico.

Esto ha hecho que el país andino pase en apenas cinco años de 5,8 a 25,32 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2022, la cifra más alta desde que se tienen registros y, según varios expertos, el 2023 puede acabar con una tasa de 40, en una espiral de asesinatos que involucra jueces, fiscales y políticos como Villavicencio.