El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, calificó al Tribunal de Cuentas como un "chiringuito antidemocrático y alegal que se han montado las 40 familias reaccionarias y vengativas que llevan mandando los últimos 80 años para condenar a la muerte civil a cargos públicos independentistas".

Estas palabras, pronunciadas desde la tribuna de oradores el pasado 30 de junio, tuvieron lugar durante la comparecencia de Pedro Sánchez ante el Pleno del Congreso por lo indultos y un día después de que el órgano fiscalizador solicitara 5,4 millones de euros a los líderes del procés  por promocionar el 1-O en el exterior.

Ahora, según han confirmado fuentes parlamentarias de ERC, esta fuerza con el apoyo de otros partidos del bloque de la investidura (EH Bildu, Más País, Compromís y BNG) y el resto de formaciones independentistas (Junts, PDeCAT y la CUP), ha elevado sus críticas hacia el Tribunal de Cuentas, cuyo mandado expira el próximo 21 de julio sin visos de renovarse ante el bloqueo del PP, al pedir en el Congreso una comisión de investigación relativa a la neutralidad política en el desempeño de la función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable por parte de este órgano fiscalizador.

En el texto, al que ha tenido acceso este medio, los grupos destacan la "inobservancia" que se desprende de los informes de fiscalización presentados ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas a pesar de constatarse "graves irregularidades" en materia contable. Anomalías que tienen que ver la planificación pública, las formalidades de un expediente de contratación, las obligaciones en materia de transparencia, el acceso a la información pública y buen gobierno, o la obligación de remisión de documentación contractual al propio Tribunal de Cuentas.

"Los perjuicios causados a las arcas públicas por la actuación, negligente o dolosa, de los responsables de la planificación, adjudicación y ejecución de innumerables obras, planes y proyectos que adolecieron de estas y muchas otras irregularidades durante décadas, se antojan exorbitados", añaden los firmantes de la propuesta impulsada por ERC que se ha registrado este miércoles.

En este sentido, esta actuación —valoran— "no parece que haya inquietado al Tribunal de Cuentas", ya que en esos informes pormenorizan las irregularidades y deficiencias observadas, y se limitan a recomendar una mayor diligencia en materia de planificación, contratación, seguimiento y control. "La indicación de la responsabilidad en que se ha incurrido brilla por su ausencia", apostillan.

Distintas formas de actuar

Sin embargo, la situación "contrasta" con la actuación llevada a cabo por el órgano fiscalizador en los procesos judiciales y causas policiales relacionadas con el independentismo catalán. Así, recuerdan que a día de hoy (desde 2014), ya se han abonado en concepto de fianzas, "algunas de ellas duplicadas", en las diferentes causas contra el movimiento independentista (derivadas directa o indirectamente del 9-N y el 1-O), más de 35 millones de euros.

"El sesgo ideológico que se desprende de este patrón de comportamiento es del todo incompatible con los principios propios de un Estado de Derecho, que rigen la actividad del Tribunal de Cuentas, como el principio de imparcialidad o la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos", subrayan. Asimismo, los grupos entienden que, el hecho de que el tribunal no sea un auténtico órgano jurisdiccional "no le habilita para quebrantar la neutralidad política que se exige a cualquier instancia depuradora de responsabilidades". 

Por ende, piden la creación de una comisión que tenga por objeto investigar, entre otras cuestiones, la política de contratación de personal del Tribunal de Cuentas (personal eventual, laboral y funcionarial) y su compatibilidad con el principio de independencia e imparcialidad; las "causas de abstención" de los consejeros que han concurrido en los procesos sobre el independentismo catalán y "no fueron planteadas", así como sus "conexiones y vinculaciones personales" e "incidencia sobre el principio de independencia; o la "naturaleza política de las acusaciones, en materia de responsabilidad contable ante el tribunal, dirigidas contra el independentismo catalán".