El juez de Barcelona que investiga el espionaje a Pere Aragonès mediante el software Pegasus ha abierto una nueva línea de investigación, que ha declarado secreta, para aclarar el papel del CNI en las infecciones al teléfono móvil del president de la Generalitat y averiguar si el espionaje contó en todo momento con aval judicial y quién está detrás de las supuestas infecciones que la acusación sitúa en fechas en las que aún no había sido autorizado por el Supremo.

El titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, ha acordado una batería de diligencias, solicitadas por la acusación que ejerce Aragonès en la causa, en esta pieza separada que ha declarado secreta por el plazo de un mes, aunque es prorrogable.

De esa forma, solo el propio magistrado y el fiscal del caso —Roberto Valverde, coordinador del área de Delitos Informáticos— tendrán conocimiento del resultado de las pesquisas: ni la defensa de la exdirectora general del CNI Paz Esteban, que ejerce la Abogacía del Estado, ni Andreu Van den Eynde, letrado del propio Aragonès, podrán tener acceso a las mismas hasta que no se levante el secreto.

En paralelo, el magistrado ha acordado prorrogar durante otros seis meses la investigación sobre el espionaje a Aragonès, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por el president, mientras que la defensa es partidaria de archivar ya la causa.

De hecho, hace escasas semanas el juez rechazó la petición de la exdirectora del CNI Paz Esteban, por ahora la única investigada, para que se archive la causa, una decisión que la Abogacía del Estado ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona, con el apoyo de la Fiscalía.

El juez insiste en aclarar si todos los ataques con Pegasus al móvil del presidente de la Generalitat contaban con el aval del magistrado del Tribunal Supremo encargado del control del CNI, cuyos autos autorizando el uso de Pegasus esgrime la Abogacía del Estado para exculpar a Esteban.

De acuerdo con esos autos, que el Gobierno remitió al juez con fragmentos suprimidos alegando que contienen información reservada, el juez del Supremo encargado del control del CNI avaló el espionaje del móvil de Aragonès en julio de 2019 —con otras dos prórrogas de tres meses de octubre de 2019 y de enero de 2020—, después de que los servicios secretos adujeran que coordinaba las acciones de los CDR.

En su querella inicial, que también dirige contra el grupo israelí NSO que comercializa Pegasus, Aragonès detallaba tres ataques a su móvil los días 4, 5 y 13 de enero de 2020 —coincidiendo con la investidura de Sánchez—, que fueron detectados por el laboratorio canadiense Citizen Lab que destapó el espionaje masivo al independentismo.

No obstante, una pericial informática posterior que Aragonès aportó al juzgado concluye que el dirigente de ERC tuvo el móvil infectado con Pegasus entre julio de 2018 y marzo de 2020, más allá del período en el que el espionaje del CNI contaba con cobertura judicial.

En consecuencia, el magistrado se plantea encargar un análisis forense independiente del móvil del president que determine las fechas en que estuvo infectado con Pegasus, examen que podrían efectuar los Mossos d'Esquadra, que ya confirmaron el espionaje del teléfono de los dirigentes de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba, investigado en otro juzgado de Barcelona.

Los afectados por el espionaje con Pegasus, que una investigación llevada a cabo por el laboratorio canadiense Citizen Lab cifró en 60 personas del entorno independentista, cuentan desde hace semanas con un nuevo informe pericial que concluye que sus móviles fueron infectados desde un único dominio de internet y la misma infraestructura informática.

Ese informe, encargado por las acusaciones y que también consta en la causa en la que se investiga el espionaje a Aragonès, revela similitudes entre el mecanismo con que fue infectado su móvil y el de los teléfonos de otros de los atacados, lo que según las acusaciones apunta a que el CNI estaba detrás de todos los ataques.

En su comparecencia en el Congreso por el escándalo de Pegasus, que acabó provocando su destitución, Esteban admitió que los servicios secretos habían espiado a una veintena de políticos, entre ellos el propio Aragonès, siempre de forma legal y con aval judicial, pero se desmarcó del resto de ataques.