José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat (Jaca, Huesca, 1955) tiene una larga trayectoria, 19 años, como magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Este jueves ha sido elegido por los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como su candidato para ir al Constitucional, pero su candidatura no convence al bloque conservador, que esperaba que el candidato fuera el magistrado Pablo Lucas, según señalan fuentes del Consejo. 

El nombre de Bandrés sonaba en las quinielas y estaba incluido en la lista de nueve candidatos del sector progresista del CGPJ, que este jueves ha votado a uno de ellos, resultando el magistrado oscense elegido por seis de los ocho vocales del bloque. Mar Cabrejas ha votado a favor del magistrado del Supremo Pablo Lucas, cuyo hermano, Enrique Lucas, vocal del CGPJ propuesto por el PNV, se ha abstenido en la votación, según indican a este diario fuentes del Consejo. 

Según las mismas fuentes, la comisión negociadora de CGPJ para la renovación del TC, que se ha reunido esta tarde sin lograr avanzar en el consenso para designar dos candidatos, ha mantenido hasta ahora su voluntad de no imponer vetos respecto al candidato del bloque contrario. Por lo tanto, los progresistas dan por hecho que José Manuel Bandrés resultará elegido por el pleno, que no se celebrará hasta que no existan dos candidatos consensuados por ambos bloques del CGPJ. Pero la cuestión de los vetos, señalan las fuentes de Público, no está ahora tan clara como lo estaba antes de que los progresistas designaran a su candidato.

Los representantes progresistas de la comisión negociadora han indicado este jueves que la elección de Bandrés se ha producido "tras una profunda deliberación y un riguroso examen" del currículo de los demás aspirantes. En la lista del bloque progresista figuraban nueve candidatos: cinco hombres y cuatro mujeres, todos ellos, magistrados del Tribunal Supremo.

Para el sector conservador, formado por vocales propuestos por el Partido Popular, Bandrés no es el magistrado ideal por su relación cercana con Cándido Conde-Pumpido, magistrado del TC que suena como el favorito a presidir el tribunal de garantías. De hecho, algunos vocales conservadores apuntan que Bandrés podría ser el candidato de Conde-Pumpido para garantizarse posteriormente su elección en la presidencia. 

Desde este bloque se está alimentando la tesis de que los intereses de los independentistas catalanes resultarían beneficiados si Bandrés llega al Constitucional. 

Los conservadores hubieran preferido a Pablo Lucas, el magistrado del Supremo encargado de autorizar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) la interceptación de las comunicaciones; y como tal fue el responsable de la autorización a los servicios secretos para las escuchas a los dirigentes del 'procés'. Lucas fue jefe de gabinete del expresidente del CGPJ Francisco Javier Delgado (1996-2001), a propuesta del PP. 

Precisamente José Manuel Bandrés tenía interés en convertirse en vocal judicial del CGPJ que siguió al presidido por Francisco Javier Delgado. Se presentó como candidato interno en su asociación, la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), pero no llegó a ser designado. En su carta de presentación a los compañeros y compañeras de JJpD, en 2001, propuso como parte de su candidatura promover la descentralización del CGPJ, dando a los presidentes de los Tribunales Superiores y a las Salas de Gobierno "competencias ejecutivas, y de coordinación y de concertación de las políticas requeridas para prestar eficazmente el servicio público constitucional de la Administración de Justicia".

Los conservadores se han comprometido a estudiar la candidatura de Bandrés de cara a la próxima reunión de la comisión negociadora del CGPJ, prevista para el 14 de noviembre. 

Espíritu de moderación

José Manuel Bandrés ha plasmado en varios artículos de opinión su postura advirtiendo de que las resoluciones del Supremo y Constitucional deben ser percibidas como justas, alentando a los magistrados a apartar de las mismas sus convicciones partidistas o el "ciego voluntarismo doctrinal". 

En un artículo publicado en El País, en enero de 2022, Bandrés decía respecto a la labor de los magistrados del Constitucional: "La caracterización de los intérpretes de la Constitución de independientes e imparciales reclama una predisposición a ejercer sus potestades con objetividad, con pleno sometimiento al imperio de la ley y el derecho (...) El espíritu de moderación requiere de ellos el esfuerzo intelectual de contención necesario para que sus decisiones no contribuyan a la politización de la justicia o a la indeseada judicialización de la política, que degradan el funcionamiento del Estado democrático".

Inmersión lingüística en Catalunya

Este magistrado aragonés estuvo una década (1988-1999) dando clases de Derecho Constitucional en el Universidad de Barcelona. En 1985 fue nombrado magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona (posteriormente, Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña). En aquellos años en Catalunya, Bandrés defendió la inmersión lingüística, por eso, ahora se le tacha desde sectores conservadores, como un juez "procatalanista".

Bandrés fue el ponente de la 'sentencia Google' del Supremo, de enero de 2019, que daba la razón a un hombre frente al gigante de Internet al establecer el derecho al olvido en la red. El fallo indica que una persona puede eliminar la información de su pasado que aparezca en Internet, siempre y cuando no se ajuste a la realidad. 

El caso Banca Catalana

Durante su paso por la Audiencia Territorial de Barcelona, Bandrés también destacó por un voto particular que firmó en 1986 advirtiendo de que la actuación del expresidente del Govern Jordi Pujol al frente de Banca Catalana merecía una "sanción penal", según recoge Europa Press. 

Bandrés se opuso a la decisión del Pleno de no procesar a Pujol por presuntos delitos continuados de falsedad documental y de apropiación indebida cometidos durante su gestión como director de Banca Catalana, porque a su juicio existían "conductas dignas de represión penal". La Audiencia Territorial de Barcelona alegó que no había "indicios racionales de criminalidad" suficientes para enviar a juicio al entonces presidente de la Generalitat de Cataluña.