La foto que Alberto Núñez Feijóo se sacó el pasado lunes en el oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz, donde se firmó la Constitución de 1812, es idéntica a otra que escenificó hace 14 años en el Hostal dos Reis Católicos, junto a la Catedral de Santiago. Ahora el presidente del PP es candidato a la presidencia del Gobierno y entonces lo era a la de la Xunta, pero el entorno, el decorado, el atrezo y el mensaje de ambas imágenes son demasiado parecidos como para pensar en una casualidad: marco histórico incomparable con reminiscencias patrióticas, traje y corbata oscuros de estadista capacitado, y documento de tipografía noble presentado en formato tablas de la ley que recoge el compromiso del gestor moderado pero de derechas con sus futuros gobernados.

El 11 de febrero de 2009, Feijóo presentó en Compostela lo que llamó "un contrato con los ciudadanos" de Galicia para que éstos pudieran exigirle cuentas si no cumplía lo estipulado cuando dejase el poder. Como sucede con su plan de calidad institucional, presentado igualmente como un leal acuerdo con los españoles, aquel contrato no era tal sencillamente porque para serlo precisaría de la firma de dos partes, y en los papeles de Feijóo, pese a la solemnidad del acto, sólo había y hay una rúbrica: la suya.

Feijóo prometía en 2009 a los gallegos cumplir catorce objetivos asemejables, cada uno en su contexto, a los que ahora plantea al conjunto de los españoles: empleo, lucha contra la crisis, apoyo a los jóvenes, sanidad de primera, austeridad en el manejo del dinero público, inversión en dependencia, ni un niño sin plaza en las guarderías, consenso en torno al idioma propio de Galicia, regeneración institucional, punto y final al clientelismo político…

Cuando Feijóo dejó la Xunta en mayo pasado, Galicia tenía 93.600 trabajadores menos que cuando asumió el poder –la cifra con respecto a esa fecha ronda hoy los 65.000 puestos de trabajo destruidos–. Tras sus 13 años de mandato, casi uno de cada cuatro gallegos y gallegas viven en la pobreza o están en situación de exclusión social. Entre mayo de 2009 y mayo de 2022, la tasa de paro juvenil creció cinco puntos. La sanidad pública está colapsada, con listas de espera que ponen en riesgo la salud y el bienestar de la población, que sufre los recortes del PP en servicios sociales pese a que la deuda pública de la comunidad se multiplicó por 2,5 –desde los menos de 4.900 millones de euros de 2009 a los más de 11.700 millones de 2021, un 138% más– .

Por primera vez en la historia, el castellano se habla más que el gallego en Galicia, mientras la Xunta unta a los medios escritos en español con ayudas multimillonarias para que, supuestamente, promocionen el gallego. Los trabajadores de los medios públicos llevan cinco años denunciando la manipulación informativa en favor del PP, y en cuanto al clientelismo y al amiguismo, existen ejemplos muy cercanos a Feijóo, como el incremento del volumen de negocio con la Xunta de la empresa que dirige su hermana en Galicia, que demuestran que fueron prácticas habituales durante sus mandatos.

La ley electoral y la televisión pública

Una de las medidas más polémicas que propone ahora el presidente del PP en su nuevo contrato con la ciudadanía es la de reformar la ley electoral para que los alcaldes lo sean siempre de la lista más votada. Pero él no predica con el ejemplo. En 2019, en Ourense, la lista más votada fue la del PSOE que encabezaba Rafael Rodríguez Villarino. Feijóo decidió hacer alcalde a Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana, la tercera lista en votos, porque el PSOE se negó a cumplir la insólita condición que le imponía: que Rodríguez Villarino no sólo no fuera alcalde, sino que dejara la política. El PP sigue hoy apoyando a Jácome, que gobierna con 4 de los 27 ediles que tiene el Ayuntamiento.

Otra de los compromisos de Feijóo es instaurar un nuevo modelo de designación de directivos de entidades públicas del Estado para evitar nepotismos y amiguismos. En Galicia hizo al revés, utilizando los organismos descentralizados de la Administración autonómica para recolocar a familiares, amigos y afines en altos cargos de esas entidades. A su prima, Eloína Núñez Masid, la ascendió a gerente de los hospitales de Ourense pocas semanas después de ser investido presidente, primero, y a gerente de los hospitales de Santiago después, para, antes de irse a Madrid, auparla a la ejecutiva regional del partido.

A su exconselleiro de Obras Públicas y excandidato del PP en Santiago, Agustín Hernández, lo nombró presidente del Consello de Contas, la institución independiente de control externo que debe fiscalizar la legalidad de las finanzas públicas. La anterior Valedora do Pobo, Milagros Otero, propuesta por el PP, tuvo que dimitir en julio de 2019 por enchufar en la institución a una sobrina de Manuel Fraga con una oposición amañada. Una oposición parecida a las que le sirivieron para purgar las jefaturas de servicio de varios hospitales gallegos para situar en ellas a médicos afines al PP, y que luego fueron anuladas por la justicia. Uno de los beneficiarios era el marido de su conselleira de Sanidade.

Entre los organismos y empresas del Estado a los que Feijóo quiere ahora dotar de "independencia" también figura Radio Televisión Española (RTVE). En Galicia, la dirección general de la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) debería haberse elegido hace doce años por mayoría de dos tercios en el Parlamento de Galicia, según una ley impulsada por el propio Feijóo. Pero sucede que sus mayorías absolutas nunca alcanzaron los dos tercios del hemiciclo, así que en el puesto se mantiene Alfonso Sánchez Izquierdo, nombrado al poco de que el presidente del PP fuera investido y quien en sus cerca de catorce años de gestión acumula centenares de sentencias judiciales y resoluciones en contra por violación de derechos fundamentales de sus trabajadores, persecución ideológica de periodistas, por vulnerar la normativa laboral más esencial y por reventar las huelgas feministas del 8M con servicios mínimos ilegales.

Ahora Feijóo también promete prohibir el uso de recursos públicos en actos de partido, cuando hace apenas diez meses él se recorría España acompañado de altos cargos de su gabinete en la Xunta, como su directora de comunicación, todos ellos pagados con cargo al presupuesto autonómico, en la campaña en la que presentó su candidatura a la Presidencia del PP. La cadena SER llegó a abrir en mayo pasado un informativo de su emisora autonómica dando como noticia el hecho de que el presidente de la Xunta estuviera ese día en Galicia. En su día, Público también publicó que Feijóo ya estaba en funciones cuando adjudicó a dedo 1,2 millones de euros en ayudas a dedo a medios estatales con sede en Madrid para allanar su aterrizaje en Génova, 13.

Del oratorio de San Felipe Neri, donde firmó el pasado lunes sus promesas, salió redactada la Constitución de Cádiz que fue promulgada el 19 de marzo de 1812, día de San José, aclamada por los liberales españoles al grito de "¡Viva la Pepa!". Hay que tener mucha fuerza interior para ver las fotos de Feijóo en ese mismo inmueble 211 años después y resistirse a la tentación de hacer un chiste fácil con el plan del líder del PP y las siglas de su partido.