Almería es la provincia en la que Vox obtuvo sus mejores resultados en las anteriores elecciones andaluzas y donde ganó en nueve municipios en las últimas generales, precisamente los de más población migrante. Ahora, su candidata a la presidencia de la Junta, Macarena Olona, ha sugerido que en El Ejido y en El Puche, uno de los barrios más pobres de la capital almeriense, se podrían producir los mismos graves incidentes que sucedieron en el multiétnico distrito francés de Saint Denis durante la pasada fina de la Liga de Campeones de fútbol.

La población migrante, como causante de problemas, es una fijación de la ultraderecha en sus discursos y en sus propuestas políticas. Y Vox no desaprovechó la ocasión cuando se produjeron los incidentes en los alrededores del Estadio de Francia donde el Real Madrid disputó la final de la Liga de Campeones el 28 de mayo. Hasta presentó una proposición no de ley en el Congreso en la que instó al Gobierno a "emprender acciones diplomáticas contra el Gobierno francés por la situación de inseguridad y caos" que vivieron los aficionados españoles que sufrieron asaltos y robos.

En su proposición, Vox subraya que los incidentes se produjeron en un distrito considerado "un no go zone, uno de esos barrios en los que no impera la ley europea y la policía no se atreve a actuar", con una "fuerte vinculación con el yihadismo". "Lo ocurrido en Saint Denis –se añade- muestra una realidad incómoda: un barrio inseguro resultado de la combinación de años de inmigración descontrolada y un fracasado proyecto de sociedad multicultural".

Eso es lo que comparó Macarena Olona en el primer debate televisado para las elecciones andaluzas de este domingo, cuando dijo: "La única diferencia entre Saint Denis y El Puche o El Ejido es que en Andalucía no se ha celebrado todavía una Champions".

El Puche tiene mayoría de población migrante, fundamentalmente marroquí, con porcentajes que han superado el 70%, y en El Ejido, la capital de la agricultura intensiva bajo plástico, el 31% de sus habitantes censados son extranjeros, según datos de 2021 del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, a los que habría que añadir otros miles no censados, inquilinos, sobre todo, de chabolas y otras viviendas indignas. En ese municipio obtuvo Vox su primera gran victoria electoral en España, al ser la fuerza más votada en un municipio de más de 50.000 habitantes en los comicios andaluces de 2018. Y ahí consiguió luego su primer gobierno importante, antes de entrar en el de Castilla y León, al llegar a un acuerdo con el PP que le permitió gestionar parte del ayuntamiento de una localidad de 84.000 habitantes, una población mayor que la de una decena de capitales de provincia españolas.

Vox rompió el gobierno municipal con el PP en enero del año pasado y los populares mantuvieron el poder gracias a un acuerdo sin parangón con el PSOE, una Mesa de Diálogo que los socialistas justificaron por la necesidad de hacer "un cordón sanitario a la ultraderecha" en un municipio donde en el año 2000 se produjeron los ataques xenófobos más graves ocurridos hasta ahora en España. Ahora, el Pleno de ese ayuntamiento ha condenado las declaraciones de Macarena Olona en el debate electoral, por el daño causado a la imagen del municipio.

La moción de urgencia, aprobada la semana pasada con los votos de socialistas y populares, y el rechazo de Vox, salió adelante, no obstante, después de que el PSOE, grupo proponente de la iniciativa, accediera a retirar del texto, a petición del PP, el calificativo de "ultraderecha" al referirse a Vox. "Se ha intentado convertir la multiculturalidad de nuestro municipio en un problema y conflicto permanente, apelando a una realidad inventada que no existe, dañando seria y gravemente la imagen de El Ejido, de nuestros vecinos y vecinas, y de nuestro principal motor económico, nuestra agricultura", se argumenta en la moción.

"Machacar” a una población “imprescindible”

Para Juan Miralles, presidente de Almería Acoge, la principal organización que trabaja en el campo de la migración en esta provincia, las declaraciones de Olona no son, desgraciadamente, una novedad. Ya ha escuchado muchas veces a dirigentes de su partido criticar y "machacar" a la población extranjera, pese a que se trata –subraya- de una población "imprescindible" para el desarrollo del principal motor económico de Almería, el sector hortofrutícola, y también por su aportación al enriquecimiento cultural de este territorio del sureste español.
"Es muy triste que alguien que se presente a unas elecciones para representar a un pueblo diga que hay culturas que no son respetables, porque eso supone, además de una injusticia, una incultura", dice Miralles.

Lo que propone Almería Acoge para estas elecciones andaluzas se halla muy lejos del discurso que la candidata de la formación de ultraderecha ha expuesto en la campaña. "Nosotros –explica Juan Miralles- lo que proponemos es que se conozca a la gente, que no haya prejuicios. La clave es la convivencia, el conocimiento, que es lo que desmonta los estereotipos. Y a los partidos lo que les pedimos es que piensen realmente en la gente. Los andaluces nos merecemos que nos gobierne quien sepa realmente lo que hay en la calle, que conozca la realidad; no que nos vengan con discursos que sirven igual para un sitio que para otro, que no se adaptan para nada a la realidad de cada sitio".

Los municipios más pobres de España

Extranjera es la gran mayoría de la mano de obra que trabaja en las 32.000 hectáreas de invernadero que han convertido a la provincia de Almería en la mayor productora hortofrutícola de España, con unos ingresos anuales que superan los 2.200 millones de euros. Sin embargo, esa riqueza no se traduce en un aumento generalizado de la calidad de vida de sus poblaciones. Los municipios de Níjar, Vícar, Adra y El Ejido, que suman cerca de 22.000 hectáreas de cultivo bajo plástico, se encuentran entre los ayuntamientos de España con menor renta anual media por habitante, según el último informe de Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística. Y Níjar, que supera las 7.300 hectáreas, es el más pobre del país, con una renta media de sólo 7.097 euros.

En esos municipios, Vox no bajó de la tercera posición en los resultados de las elecciones andaluzas de 2018. Fue la primera formación en El Ejido y la tercera en Níjar, Adra y Vícar, mientras que fue la segunda más votada en Roquetas de Mar, ayuntamiento con cerca de 100.000 habitantes, el 27% migrante. En toda la provincia, el partido de ultraderecha fue la tercera candidatura más votada en esos comicios, pero ya alcanzó la segunda posición en las generales de noviembre de 2019, en las que obtuvo el 26,93% de los sufragios, siendo primera fuerza en nueve municipios.

¿Pero a qué se debe la enorme diferencia que hay entre los datos de producción hortofrutícola y los de ingresos medios por habitante en estos municipios almerienses? A juicio de los sindicatos, eso tan sólo se explica por la existencia de una amplia economía fraudulenta. Un estudio de CCOO estima que en la campaña 2019-2020 los empresarios de este sector dejaron de abonar en torno a 45 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social por contratos laborales (jornadas de trabajo no declaradas, modalidades de contratación ilegales) y en pago de impuestos a Hacienda.

Más aún. CCOO asegura haber constatado, tras cotejar los datos del Servicio Andaluz de Empleo, que en el año 2020, antes de la última reforma laboral, se firmaron más de 100.000 contratos en fraude de ley, en un sector que da trabajo a entre 50.000 y 60.000 personas. Y como resultado de ello, más del 55% de las personas en paro en esta provincia no percibían ningún tipo de prestación por desempleo, ya que no habían cotizado lo suficiente para tener derecho a ella.

Más de 30 asentamientos chabolistas

Y luego está la falta de vivienda, un derecho fundamental reconocido por la Constitución que se le niega a muchos trabajadores migrantes que viven en chabolas entre los invernaderos o en casas de labranza abandonadas en medio del campo, en cualquier sitio donde puedan encontrar cobijo. Un estudio de la Fundación Cepaim registró ya en 2018 la existencia de 33 asentamientos de chabolas en Níjar, El Ejido y Roquetas-Vícar, con más de 3.500 habitantes, en su gran mayoría de procedencia subsahariana y magrebí, aunque se estima que pueden ser muchos más.

Según Almería Acoge, en los últimos años ya se ha empezado a trabajar de una manera más decidida en la eliminación de los asentamientos con el fin de facilitar una vivienda digna a toda la población migrante, mediante iniciativas de realojo como la que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Níjar, gobernado por el PSOE, o la propuesta de la Secretaría de Estado de la Agenda 2030 del Gobierno central presentada hace unas semanas en Huelva. Esta última propuesta pretende coordinar con Junta de Andalucía, ayuntamientos, empresarios y organizaciones sindicales y sociales una solución para los más de 150 asentamientos que existen en Andalucía.

En la memoria de la sociedad almeriense aún perdura lo que ocurrió el 6 de febrero de 2000, cuando una jauría humana emprendió una brutal persecución contra los migrantes que trabajaban en los invernaderos de El Ejido, destrozando todas sus pertenencias -locales, viviendas, coches- como represalia por una sucesión de crímenes en los que habían muerto tres vecinos, españoles. Más de dos décadas después, la convivencia se encuentra aparentemente restablecida, pero las causas sociales y económicas que escondían aquellos violentos altercados permanecen en ese y en otros municipios de esta provincia andaluza.

Precisamente, una de las víctimas de los crímenes que dieron origen a los graves incidentes de El Ejido era el padre del que se convirtió en líder de Vox en El Ejido, Juan José Bonilla, el mismo que parafraseó a su abuela para decir en un pleno del ayuntamiento: "tiempo de rojos, hambre y piojos", y que mantuvo un acuerdo de gobierno con el PP en esa localidad, el gobierno más importante conseguido por la formación de ultraderecha en España hasta que alcanzó este año el de Castilla y León, también mediante un acuerdo con los populares.

Vox ya consiguió incluir la migración como problema en el acuerdo de investidura con el PP en la Junta, el que permitió a Juan Manuel Moreno Bonilla ser elegido presidente del Gobierno andaluz en enero de 2019. En el punto 27 de ese acuerdo, se conminó al Gobierno andaluz a "cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un "efecto llamada" y combatir a las mafias que trafican con personas".

La formación de ultraderecha siguió presionando en este ámbito a lo largo de la legislatura y consiguió que en el acuerdo para aprobar los presupuestos de 2020 se instase a crear un órgano dentro de la Consejería de la Presidencia para gestionar la información en poder de la Junta de Andalucía con el fin de luchar contra las mafias del tráfico de personas y la migración irregular. Parte de esa información son los archivos de las tarjetas sanitarias que la Administración andaluza concede a personas extranjeras empadronadas para acceder a los servicios de salud, sin necesidad de estar regularizadas, aunque no se supo que la Administración andaluza hubiese hecho algo en ese sentido.