La policía de Catalunya reforzó el miércoles la seguridad en toda la región, preparándose para nuevas protestas después de los disturbios que estallaron el martes por la detención de un rapero.

Pablo Hasél, había incumplido el pasado viernes el plazo para entregarse a las autoridades de forma voluntaria para cumplir una condena de nueve meses de cárcel dictada en 2018, una sentencia que causó un gran revuelo en España y llevó al Gobierno a anunciar que haría menos restrictivas las leyes sobre la libertad de expresión.

El martes la Policía Antidisturbios irrumpió en un edificio de la Universidad de Lleida, donde Hasél se había atrincherado junto a varios simpatizantes, desencadenó con su detención concentraciones y disturbios en Barcelona y otras ciudades catalanas. Los manifestantes saquearon algunos comercios y se enfrentaron al cuerpo de seguridad. La policía detuvo a 18 personas, mientras que 55 resultaron heridas, entre ellas 25 agentes, según las autoridades.

Los organizadores de la protesta utilizaron las redes sociales para convocar nuevas concentraciones por toda España el miércoles por la noche para exigir la liberación de Hasél. Una fuente del departamento de Interior de Catalunya dijo que la policía había reforzado las "zonas sensibles" para evitar más disturbios, pero no quiso dar más detalles.

Barcelona pide modificar el código penal

La Comisión de Presidencia de Barcelona ha aprobado este miércoles una proposición de JxCat que insta a condenar la pena de prisión impuesta al rapero Pablo Hasél por injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo y a modificar el Código Penal para evitar que los delitos relacionados con la libertad de expresión no impliquen una pena de cárcel.

La proposición ha sido transaccionada con el Gobierno municipal y ha contado con los votos favorables de los socios de gobierno (Bcomú y PSC), ERC y JxCat, y los votos en contra de Cs, PP y BCN Canvi; y con ella quieren afianzar "el compromiso del consistorio con la libertad de opinión y expresión, y de todos los derechos fundamentales de los ciudadanos".

Con la transacción, se ha añadido una enmienda en el texto en la que se pide que se promueva una modificación del Código Penal para que "los delitos relacionados con la libertad de expresión solo se sancionen si suponen claramente un riesgo para el orden público o inciten la violencia pero que en ningún caso impliquen pena de cárcel".

El portavoz de JxCat, Jordi Martí, ha lamentado que España sea "el país que más raperos ha encarcelado", ha recordado el caso de Valtonyic --condenado a tres años y medio de cárcel por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias a la Corona-- y el del actor Willy Toledo --que fue juzgado por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos--, y ha advertido de que ir a favor de la libertad de expresión no es una cuestión de ser de derechas o de izquierdas.

En la misma línea se ha pronunciado la concejal de ERC Elisenda Alamany, que ha insistido en que en España no existe una democracia plena cuando hay artistas en prisión y cuando hay "una judicatura más propia de otra época".

El concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, ha acusado a la Audiencia Nacional de actuar con una doble vara de medir, "una que se dobla siempre hacia el mismo lado, golpeando a los que incomodan a los grandes poderes y amnistiando a nazis que directamente hacen un acto de exaltación de la División Azul", por lo que ve evidente que hay una transición jurídica pendiente.

El portavoz de Cs, Paco Sierra, ha reprochado a JxCat no perder la ocasión de atacar a España cuando tienen la mínima oportunidad, presentando proposiciones como ésta; ha asegurado que, si no hubiera libertad de expresión, los partidos independentistas "no podrían decir las barbaridades que dicen en esta sede". También lo ha hecho el líder del PP en el consistorio, Josep Bou, también ha defendido que España es un país democrático y ha leído algunas de las letras de Pablo Hasél que van en contra de su partido, las cuales ha rechazado.

Por su parte, el presidente de BCN Canvi, Manuel Valls, cree que el objetivo de esta proposición es caricaturizar la justicia española, ha recordado que Hasél no está condenado "por simples tuits, sino por aplaudir y defender actos violentos usando su influencia mediática".