Nueve meses después del incendio que arrasó el campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos, las seis personas acusadas de provocar el fuego han sido declaradas culpables por el cargo de "incendio provocado con riesgo para la vida humana". Dos de ellas eran menores reconocidas por el Estado griego, por lo que fueron juzgadas por el Tribunal de Menores y condenadas el pasado marzo a cinco años de prisión. Las otras cuatro personas han sido condenadas a diez años de prisión, la pena máxima propuesta por la Fiscalía, en el juicio celebrado el pasado viernes y sábado en la isla de Quíos.

La defensa de los acusados empezó el juicio rechazando la competencia del tribunal penal para juzgar a tres de ellos, alegando su condición de menores en el momento de los hechos enjuiciados, por lo que debían en todo caso someterse al Tribunal de Menores. Para ellos presentaron elementos probatorios de su minoría de edad que incluían los pasaportes de su país de origen. La petición fue rechazada.

A pesar de que más de 70 organizaciones europeas y cientos de personas habían pedido un juicio justo y transparente, las expectativas eran pesimistas. Desde el momento de su detención, y antes de cualquier proceso legal, los seis acusados fueron presentados a la opinión pública como culpables.

Solo una semana después del incendio, el ministro griego de Migración y Asilo, N. Mitarakis, declaraba que "el campo fue incendiado por seis refugiados afganos que han sido detenidos", violando su derecho a un juicio justo bajo la presunción de inocencia. Aunque el clima previo hacía difícilmente evitable un veredicto de culpabilidad, los observadores internacionales desplazados para asistir al juicio señalan la enorme sorpresa ante la gravedad de las penas impuestas. Asimismo, inmediatamente han señalado distintas objeciones al modo en que se ha desarrollado el juicio.

Annina Mullis, en nombre de Abogados Democráticos Suiza (DJS) y Abogados Europeos por la Democracia y los Derechos Humanos (ELDH), resumía de la siguiente forma el procedimiento: "Basándome en las impresiones recogidas fuera del edificio del tribunal y en la información detallada proporcionada por los abogados, estoy de acuerdo con su valoración de que el juicio en su conjunto no cumple las normas de un juicio justo".

Como planteaba Valeria Häsel, observadora en el juicio e investigadora sobre asuntos de migración, "el proceso ha estado plagado de irregularidades. Solo se permitió la presencia de 15 personas en la sala, ninguna de ellas como público. Se impidió la entrada tanto a periodistas como a una delegación de observadores internacionales y una representante de ACNUR. Había al menos seis agentes de policía en la sala, un número en todo caso desproporcionado".

Falta de pruebas y un testigo de la etnia rival

El elemento más desconcertante de ambos juicios es la falta de pruebas. La condena de las seis personas se basa en un presunto testigo ocular que firmó una declaración acusatoria contra ellas un día después del incendio. El testigo pertenece a la tribu de los pashtu, y los acusados a la tribu rival, los hazara. Los abogados afirmaron que el testigo solo había dado a la Policía seis nombres de pila, comunes entre la población del campo, lo que sirvió de base para su detención y para la prisión preventiva.

Poco después de esta declaración, el testigo desapareció y no ha sido localizado por las autoridades, por lo que no ha estado presente en ninguno de los dos juicios para ratificar su declaración incriminatoria. Sin embargo, se permitió a la Fiscalía leer su declaración escrita, a pesar de la objeción de los abogados de que esto violaba el derecho de los acusados a interrogar a cualquier testigo en su contra, una garantía básica para un juicio justo reconocida por la Convención Europea de Derechos Humanos.

La abogada de la defensa, Natasha Dailiani, añadía que este testimonio escrito contenía, además, numerosas incoherencias. Como explica Marco Aparicio, presidente del Observatori DESC y uno de los observadores internacionales que acudió al juicio, "si la única base probatoria es una declaración que no se puede contrastar y no se puede confrontar en el juicio oral, que precisamente está para eso, realmente la ausencia de base incriminatoria y de garantías procesales mínimas es escandalosa".

Ninguna de las 15 personas que declararon ante el tribunal había visto a los acusados la noche del supuesto crimen y en ninguno de los numerosos videos e imágenes tomadas —muchas de las cuales han circulado en redes— aparecen.

A pesar de la condena, la abogada de la defensa Effie Doussi afirma que agotarán "todos los recursos legales para garantizar que los acusados tengan un juicio justo y un veredicto claro que demuestre su inocencia".

Otro de los elementos que destacan los observadores del juicio es la clara voluntad del tribunal de desvincular el incendio con las condiciones del campo de Moria. Marco Aparicio explica cómo "el juez rechazó inmediatamente cualquier intento de preguntar sobre las condiciones de Moria, e insistía que eso no tenía que ver con lo que se estaba juzgando. Ha pretendido así desde el principio atribuir la culpabilidad a personas concretas, para, de esta forma, borrar cualquier responsabilidad del propio Estado griego por las condiciones del campo y que, de forma evidente, son parte esencial de lo ocurrido".

Como relató Público el día del incendio, Moria era un polvorín. Tras la detección de los primeros casos de covid-19 en el campo, los días antes del incendio hubo conflicto entre las personas que vivían en el campo y las autoridades. Su demanda era el traslado de las personas infectadas a espacios fuera del campo, ya que en los últimos días las habían recluido en unas casetas colindantes a las tiendas del resto de habitantes del campo. La tensión fue aumentando en los días previos al incendio.

Criminalizar la migración

Ambos juicios se enmarcan en un proceso más amplio de criminalización de la migración por parte de Grecia. Como plantea Oda Becker, activista y miembro de la campaña de solidaridad Free the Moria 6, "no es la primera vez que las personas migrantes son detenidas y acusadas arbitrariamente en Grecia. Esta práctica forma parte desde hace tiempo del inhumano régimen fronterizo de la Unión Europea. Sin embargo, en el actual entorno político, la criminalización de la migración ha alcanzado un nuevo nivel, al igual que las detenciones ilegales de migrantes por parte de las autoridades".

Muchos de estos casos están vinculados a la acusación sistemática por cargos de "tráfico de personas". Entre otros casos, el pasado 14 de mayo se condenó a 146 años de prisión a un superviviente del hundimiento de un barco que viajaba de Turquía a Lesbos. Se le acusó de tráfico de personas, y se le responsabilizó del accidente y de la muerte de dos ocupantes del bote. Varios testigos, que viajaban en el barco, afirmaron durante el juicio que el acusado intentaba salvar vidas cuando tomó el timón de la embarcación.

El 26 de abril, una persona fue condenada a 52 años de cárcel por tráfico de personas y poner en peligro la vida de las personas con las que viajaba, entre las que se incluía su propia familia. Resulta significativo la intensificación de la criminalización de las personas migrantes en un contexto en el que el Estado griego, así como Frontex y la Unión Europea, están en el punto de mira por su apuesta por la política de contención en las islas y la complicidad -cuando no responsabilidad directa- en las devoluciones ilegales en alta mar.

Las comunidades migrantes están consternadas por esta nueva ola de criminalización, así como por la falta de garantías en los juicios. Esta realidad se suma a un proceso de construcción de muros en los campos situados en la zona continental del país, lo que reactiva el miedo a la construcción de campos-prisión, una idea que el estado griego viene defendiendo desde finales de 2019. Como plantean activistas del colectivo Women In Solidarity House (WISH), "no solo somos supervivientes de sus crímenes, sino que nos criminalizan. La existencia de Moria fue un crimen, no su destrucción".