Los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez han abierto un debate muy necesario sobre el lawfare, la ofensiva mediático-judicial que sufren Sánchez y su familia, y que sufrieron muchos otros muchos antes de él. Líderes de izquierdas en América Latina, políticos y activistas del independentismo vasco y catalán, dirigentes de Podemos... El caso de Barcelona, donde los gobiernos de Ada Colau recibieron un auténtico asedio judicial, ilustra de manera muy clara el engranaje del lawfare en el ámbito urbano: una alianza entre sectores de la derecha política y lobbies económicos, pseudo medios de comunicación y jueces.  

Los gobiernos de Barcelona en Comú recibieron 18 denuncias entre 2015 y 2023 – muchas de ellas penales –, que en este momento está todas archivadas. Entre los denunciantes están la multinacional Agbar, propietarios de hoteles de lujo, un fondo buitre dedicado a la especulación inmobiliaria o partidos conservadores (Ciutadans y Junts per Catalunya). En el 'lawfare urbano', como lo llamó el arquitecto Josep Maria Montaner en su libro sobre la ofensiva judicial contra Barcelona en Comú, es fácil identificar a los protagonistas del lawfare y sus motivaciones.

No es casualidad la cantidad de querellas relacionadas con el urbanismo: en política municipal, la planificación urbana es el principal instrumento para poner límites a los intereses de las élites. También destaca el protagonismo de Agbar, que lanzó una batería de denuncias contra el ejecutivo de Colau cuando este intentó consultar a la ciudadanía sobre la municipalización del servicio de agua, en manos de la multinacional. Poco antes de las elecciones de 2023 la entonces alcaldesa tuvo que declarar en un juzgado como investigada, a raíz de una querella por supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a entidades sociales, promovida por una asociación fantasma sin actividad conocida. La denuncia acabó archivada pero el daño político ya estaba hecho.  

Son solo algunos ejemplos de la oleada de denuncias que sufrieron los concejales de Barcelona en Comú durante sus 8 años al frente del ayuntamiento (2015-2023), que fueron debidamente difundidas por una red de pseudo medios de comunicación. Montaner destaca en su libro el papel de Metrópoli Abierta, un digital barcelonés que "alterna artículos de un cierto rigor periodístico con otros construidos exclusivamente sobre fake news, rumores infundados, denuncias de relaciones inexistentes" y Crónica Global, definida por el arquitecto como "una web de información que se dedica a blanquear las actividades de Agbar". Ambas webs, junto a Catalunya Press, acumulan 3 condenas y cerca de 30 rectificaciones por difundir noticias falsas, según explica el autor de Lawfare urbano (Icaria 2023). Las noticias publicadas por estos medios digitales son reproducidas por medios de comunicación con más alcance, poniendo a rodar la bola mediática que constituye el objetivo real de las denuncias judiciales. 

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En su carta, Pedro Sánchez cargaba contra "medios de marcada orientación derechista y ultraderechista" y señalaba a la "ultraderecha política y mediática". Ni una palabra crítica contra el juez que decidió admitir a trámite una querella contra su esposa construida exclusivamente con recortes de noticias. Pocos partidos se atreven a señalar con claridad la responsabilidad de sectores ultraconservadores de la judicatura en las guerras judiciales contra la izquierda o el independentismo, pero sin estas complicidades el lawfare estaría condenado al fracaso.  

En el caso de Barcelona en Comú, todas las denuncias fueron desestimadas por instancias superiores, después de después de una inicial admisión a trámite. La magistrada que dio carpetazo a la querella del fondo buitre Vauras llegó a afirmar en su auto que los denunciantes buscaban el "efecto mediático que supone involucrar a un político" con "fines ajenos a los del procedimiento penal", señalando explícitamente a la motivación política de la acusación. Los ejemplos de Barcelona sugieren que son una minoría los jueces que colaboran con el lawfare pero quienes disfrutan de total impunidad, amparados por la discrecionalidad que los magistrados tienen para apreciar como suficiente la prueba que acompaña a una denuncia. 

Otra conclusión de la ofensiva judicial contra Barcelona en Comú es que el lawfare funciona. Los regidores afectados han sufrido años de 'pena de telediario', con decenas de portadas que sugerían su culpabilidad. En un país que ha sufrido una corrupción generalizada, cualquier sospecha de haber utilizado el cargo público para beneficio propio puede acabar con una carrera política, especialmente en partidos que hacen bandera de su compromiso anticorrupción, como Podemos, Compromís o Barcelona en Comú.  

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Pedro Sánchez ha abierto un debate muy necesario sobre el lawfare, pero lo ha hecho a medias. Todavía está por ver si la carta del presidente se traducirá en acciones concretas para atajar una judicialización de la política que está poniendo en peligro la democracia. Lo saben bien los 'comunes', Oltra, Iglesias y Montero, los líderes independentistas y los políticos y periodistas catalanes que siguen en el exilio amenazados por fantásticas acusaciones de terrorismo. El tiempo dirá si el presidente tiene la intención de luchar realmente contra el lawfare, ahora que le afecta directamente, o estamos ante otra maniobra cortoplacista del autor del Manual de resistencia.