La coalición PP-Vox en Castilla y León ha parido su ley de memoria. Y no defrauda: es un blanqueamiento de la dictadura y una condena de la Segunda República. Uno de los aspectos más polémicos es el período que aborda el texto legal: 1931-1978. La periodización en historia nunca es inocente. Elegir una determinada fecha para marcar el inicio de una fase histórica tiene consecuencias, porque puede cambiar radicalmente la narrativa. Y de eso se trata en este caso.    

El período al que hace referencia la nueva ley de Castilla y León comprende la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición democrática hasta la proclamación de la Constitución. ¿Por qué arrancar con la República? Porque fue un período turbulento y con violencia política. De acuerdo. Pero si el criterio es condenar cualquier vulneración de los Derechos Humanos sin tener en cuenta «quién, cuándo y dónde», como afirma el portavoz popular, entonces ¿por qué no comenzar con la Restauración borbónica?  

Concretamente, sugiero retrotraernos a la Semana Trágica de 1909, en la que murieron unas 150 personas en unos pocos días. O si no, a 1917, cuando empieza el pistolerismo, que causó 267 víctimas mortales en menos de seis años, la mayoría a manos de asesinos a sueldo de los empresarios para reprimir el movimiento obrero. Y respecto al final, podemos llegar a 1987, último caso de terrorismo de Estado en España, o a 2009, último asesinato de ETA. Por violencia política que no sea.

Asegura el portavoz de Vox que el período que aborda la ley está justificado porque existe una "interrelación historiográfica" entre República y Guerra Civil. Claro: también la hay entre la República de Weimar y la dictadura de Hitler. Hubo violencia política en Alemania antes de 1933 -muchísima, de hecho: violencia paramilitar, golpes de Estado, insurrecciones, asesinatos extrajudiciales. Pero a nadie en su sano juicio se le ocurriría incluir en la misma ley de memoria Weimar y el régimen nazi. Es una aberración historiográfica, política y moral.  

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En España, en cambio, durante mucho tiempo se ha metido en el mismo saco República, guerra y dictadura. Y eso ha contribuido a deslegitimar nuestra primera democracia, que se nos presenta simplemente como un camino turbulento hacia la guerra. Fue un período turbulento, sin duda, pero que acabara en guerra y dictadura no era inevitable ni todos fueron culpables por igual. 

Es necesario recordar 1936 como lo que fue: una gran interrupción. Un antes y un después. Las cifras lo dejan claro: en los cinco meses antes del golpe del 18 de julio murieron en España 484 personas víctimas de la violencia política. Pero es que solo en la fosa de Pico Reja en Sevilla se han recuperado los restos de 1786 individuos. En una sola fosa. La violencia política de los primeros seis meses de guerra, tanto la del bando sublevado como la revolucionaria, no tiene parangón en el período previo.  

Y no es solo una cuestión de cifras. Es que al contrario que lo que sucedió con las víctimas de la violencia política durante la República o las de la violencia revolucionaria en la Guerra Civil, a los miles de asesinados republicanos, como los de Pico Reja, no solo se los exterminó, sino que se los borró de la historia. Por eso están en una fosa común. Por eso han permanecido allí hasta febrero de 2023. Y por eso necesitamos leyes de memoria democrática y no leyes de concordia. Que no son tales, sino leyes de blanqueamiento y olvido. La concordia solo llegará cuando se admita el daño causado y se pida perdón. 

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La derecha sabe que no puede ganar la batalla de la memoria defendiendo a los suyos cuando fueron los suyos los que dieron golpes de estado, emprendieron guerras y establecieron dictaduras. Como en Alemania, Italia, Japón, España y los países del Cono Sur. Así que la estrategia es simple: si nosotros no podemos tener la razón, entonces nadie la tiene. Todos víctimas, todos culpables. Y aquí paz y después concordia.